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La política migratoria dominicana con respecto a Haití es opaca y falaz, ejecutada con un discurso agresivo y a la defensiva, un mirar por encima del hombro al haitiano y un sentimiento de superioridad.
Como en la ejecución de las demás políticas públicas, la turbidez y la propaganda dan por hecho que los dominicanos deberíamos estar desinformados y conformarnos con la narración oficial.
Esa estrategia da resultado: en la calle el dominicano reproduce el discurso oficial.
Ese discurso oficial se resume en las frases: «Dominicana ha ayudado demasiado a Haití, no está en condiciones de ayudar más y no puede cargar con los problemas de Haití», «Haití es un país malagradecido con Dominicana» y «otros países deberían auxiliar a Haití, especialmente Canadá y Francia» por supuesta deuda histórica.
Mientras los gobiernos venden ese discurso, hacen falta datos.
Por ejemplo, ¿por qué, siendo tan pequeña y al parecer de atención prioritaria, la frontera domínico-haitiana es tan permeable?
Los descubrimientos de tráfico de haitianos confirman la regla del tráfico.
Muchos haitianos admiten que son deportados una y otra vez, y que una y otra vez retornan a República Dominicana.
Extorsión, humillaciones y maltratos empiedran sus caminos de ida y vuelta.
Necesito saber cuándo comenzarán los gobiernos a respetar la dignidad de los haitianos desde el descubrimiento de que son indocumentados hasta su deportación.
Es degradante ir por las calles atrapando personas y montándolas en camiones como ganado para deportarlas sin respetar su dignidad.
Sumemos el trato inhumano que reciben desde la detención hasta que son devueltas a su país.
(No quisiera eso para mí si, como muchos dominicanos, residiera ilegalmente en un país extranjero).
Quiero saber si es necesario que el presidente dominicano demande en cada cumbre apoyo para Haití en vez de enfocarse en una política migratoria efectiva.
¿Cuánto se gasta en la política migratoria? ¿En qué consiste dicha política, es decir, en qué se gasta el dinero? ¿Cuál es el comportamiento ético de las autoridades fronterizas?
En el año 2023 se cumplen 10 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano sin respuesta a la pregunta sobre la responsabilidad de los dominicanos en uno de los problemas que -creo- dieron lugar a la sentencia, es decir, la presencia de un número al parecer alarmante de indocumentados haitianos y descendientes de estos en República Dominicana.
La sentencia -que niega la nacionalidad por ius soli a personas que, conforme al ordenamiento jurídico dominicano, la habían obtenido por ese medio- se alinea con el comportamiento dominicano (no solo en este tema) de buscar causas externas a problemas internos.
Eso nos devuelve a la cuestión inicial, resumida en la necesidad de ejecutar una política migratoria efectiva y respetuosa de los derechos de los haitianos, en vez de hacer cargar a los haitianos ilegales con las consecuencias de haber nacido en territorio dominicano y ser indocumentados ellos mismos o sus padres, y en vez de culpar a otros países y organismos internacionales por supuestamente no hacer nada por Haití, sin acordarse de la responsabilidad de los dominicanos en la migración ilegal.
En mi artículo “Haití: crónica de una migración no deseada” hablé de “la irresponsabilidad de un Estado dominicano que no ha querido asumir el problema de la migración haitiana en sus reales dimensiones” (revista Gaceta Judicial, marzo del año 2008).
Cada haitiano indocumentado que reside en República Dominicana llegó al país y vive en él de alguna manera. ¿Qué tuvieron que ver en esto los dominicanos por acción u omisión?
Si tan importante es el tema, debe mirarse dentro y corregir desde allí.
