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La Ley 1-24 que creó la nueva Dirección Nacional de Inteligencia se aprobó en un Congreso Nacional que sesionó con el ambiente festivo de la Navidad, época idónea para tocar la invisible y hasta aceptar lo inaceptable. El momento resultó propicio para que el Poder Ejecutivo encontrara en el Legislativo un aliado para pasar sin mayores inconvenientes un proyecto que está en el combativo frente ciudadano que se opone a su implementación.
La preocupación es válida de los sectores que critican la nueva DNI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) planteó ayer las implicaciones que tendrá esta dirección –amparada en la nueva ley– para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales que sirven a los periodistas. Ganó vigencia a propósito de este tema el artículo 8 de la Declaración de Salta de la SIP que establece que «las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado».
La creación de la nueva DNI trajo un nuevo conflicto. Motivos suficientes que sembraron inquietud e incertidumbre en la ciudadanía. Que legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo –principales organizaciones del lado opositor– votaran a favor de la misma no significa que esta fuera la posición institucional de quienes representan. Tobías Crespo, vocero del bloque de diputados de la FP, argumentó que ese voto favorable de sus compañeros fue posible porque «no conocían los alcances de la pieza legislativa».
¿Cuál es el criterio compromisario de un diputado para defender la integridad constitucional de sus representados? Difícil aceptar el argumento de Crespo y cualquier otro vocero de la oposición que pueda justificar el paso en falso que dieron para facilitar la aprobación de la Ley 1-24. El diputado de la Fuerza del Pueblo hizo un gran esfuerzo tratando de apartar a los suyos del asunto: «Como fue el último día y las recomendaciones de nosotros fueron técnico-jurídicas, algunos diputados de todos los partidos votaron a favor de ella… Incluso porque no conocían los alcances».
El presidente Luis Abinader reaccionó atacando directo al corazón. Calificó como una hipocresía las críticas de la oposición a la nueva ley. «Los mismos que la aprobaron… ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo». Los recursos de amparo contra esta legislación no se hicieron esperar. La campaña aceleró la redacción en caliente de las demandas que empezaron a recibirse ayer mismo en el Tribunal Constitucional. El Partido Generación de Servidores fue el primero en accionar. Se esperan acciones similares de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y la lista se seguiría extendiendo. Al parecer el consenso se logró sobre la base de lo constitucionalmente inaceptable.
