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En estos días, la reciente promulgación de la Ley 1-24, que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha colocado en el centro del escenario político dominicano un tema de debate candente. Este debate, que debió tener lugar antes de la aprobación de la controvertida legislación, ha involucrado a diversos actores, desde partidos políticos de la oposición hasta la prensa, la iglesia y sectores académicos. La inquietud compartida es clara: las nuevas competencias otorgadas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sus posibles afectaciones a derechos fundamentales y el delicado equilibrio entre seguridad y libertad.
El obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, ha alzado su voz para señalar importantes ambigüedades en los artículos 9, 11 y 26, alertando sobre posibles repercusiones en la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
En la misma línea, Servio Tulio Castaños, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), ha destacado la ambigüedad de la ley y su propensión a interpretaciones flexibles en una materia tan sensible para la democracia como lo es el derecho a la libertad de expresión.
Nassef Perdomo, jurista y catedrático, ha expresado su preocupación acerca del artículo 11, que obliga a instituciones privadas o personas físicas a entregar información a la DNI sin establecer claramente la necesidad de una orden judicial. Esta disposición podría convertir a los ciudadanos en informantes, bajo la amenaza de prisión si no acceden a proporcionar información, incluso sin la autorización de un juez.
Eduardo Jorge Prats, experto en derecho constitucional, ha subrayado la importancia de resguardar información privada y confidencial, exonerando a quienes poseen dicha información del deber de entregarla a la DNI. Destaca la distinción crucial entre la investigación de delitos y la actividad de inteligencia, señalando que la DNI no debe intervenir ni detener personas, sino informar a las autoridades competentes.
Mientras tanto, una parte del liderazgo político utiliza la promulgación de la ley para cuestionar al gobierno del presidente Luis Abinader. Desde la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las críticas se centran en acusar al gobierno de tener «tendencia autoritaria, dictatorial e intenciones de quedarse en el poder a cualquier costo». Curiosamente, la legislación fue aprobada con el respaldo de mayorías considerables de ambas bancadas en el Congreso Nacional.
Desde el Gobierno, las voces defensoras de la ley argumentan que esta cuenta con limitaciones legales para la obligación de entregar información a la DNI, asegurando el respeto a los derechos fundamentales. Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, explica que el propósito de la Ley 1-24 es proteger la seguridad nacional. Sin embargo, algunos críticos sostienen que esta obligación pone en grave riesgo la libertad de aquellos que no entreguen los datos requeridos, con penas que podrían implicar hasta dos años de prisión.
En esta encrucijada entre seguridad y libertad, es imperativo que la sociedad y el Gobierno encuentren un punto de equilibrio que permita salvaguardar ambas dimensiones. La transparencia y participación ciudadana son esenciales para garantizar que las leyes no solo fortalezcan la seguridad nacional, sino que también preserven las libertades individuales. Este delicado acto de malabarismo requiere atención constante y un diálogo continuo para construir un marco normativo que proteja eficazmente los intereses de la nación y sus ciudadanos.
