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Es extraño que un gobierno demócrata apruebe instrumentos que pueden actuar para disminuir a la democracia. Se podría pensar en cualquier otra acción, pero no se legitimaría por un ejecutivo que está dirigido por alguien que cree en las libertades. Causa sorpresa que se arriesgue a escribir en su historia una página muy contundente a favor de la involución de derechos adquiridos.
Cuando se habló de la aprobación de la Ley 24-01, que regula la existencia del Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, uno sin haberla leído podía pensar que se trataría de una legislación que iba a hacer más actualizada la funcionalidad de ese departamento de la Policía Nacional, adscrito a la jefatura del Presidente de la República, y que a través de los años ha adquirido una reputación negativa y una imagen nada favorecedora.
Pero sí la sorpresa fue más contundente cuando, además de contener una intención que transgrede los derechos conquistados, esta en sus artículos 11 y 26 devuelve hacia atrás procesos ya superados a nivel social, y deja sin herramientas de protección a la intimidad, y al el privilegio que poseen los periodistas de no revelar las fuentes proveedoras de una información, con el propósito de proteger a la persona que denuncia, así como de no facilitar la entrega de información personal, sin que medie la autorización de un juez. Lo divertido es que dicha información podrá ser utilizada por una entidad adscrita a otro poder del Estado, que es el Ejecutivo.
Se suponía también que los partidos políticos de oposición iban a reaccionar a través de sus legisladores como defensores de los derechos de los ciudadanos, pero no. Actuaron como si fueran parte de los mismos intereses, porque las cuentas de los congresistas evidencian que las tres bancadas con mayor número de representantes aprobaron la ley, que afecta en varios de sus articulados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento y al libre ejercicio de los medios de comunicación.
En ese sentido, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en declaraciones para el periódico Listín Diario, califica como una violación el contenido del artículo 11 de la Ley que obliga a las entidades públicas y privadas deberán permitir que el DNI recolecte informaciones de carácter público que estén en bases de datos y acceder de forma automatizada a las que produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones, por atentar contra la privacidad de datos. Veremos cómo discurre todo, mientras la Asociación Dominicana de Diarios se reúne para realizar las consultas legales de lugar y se prepara para articular una respuesta a la acción gubernamental.
