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Luis Abinader ocupa el Palacio Nacional con la encomienda de privatizar todos los servicios susceptibles de beneficios económicos, concentrar el gasto público en unas pocas manos, asumir de manera incondicional la agenda geopolítica de los Estados Unidos y, lo más peligroso pero muy sutil en su ejecución, desarticular el estado de derecho de los ciudadanos a través del desmonte del sistema de partidos, con el pretexto de la lucha contra la corrupción.
Ello explica que las posiciones estratégicas del Gobierno estén ocupadas por representantes de la sociedad civil corporativa sin adscripción partidaria reconocida y agentes comprometidos abiertamente con los designios estadounidenses en nuestro país. Y que, además, en las pocas entidades públicas de alta relevancia gerenciadas por reconocidos miembros del PRM, en la práctica estén tomadas por estamentos supra institucionales creados mediante decreto por Abinader, verbigracia, el gabinete eléctrico y el Grupo para la Reforma Policial, con sus respectivos fideicomisos para Punta Catalina y la Policía Nacional.
Llegado a este punto el lector quizás piense que exagero bajo la premisa de que planificación y PRM son categorías repelentes entre sí, sobre todo con el largo historial de bandazos, cambios de sentido o medidas sin pies ni cabeza características de los perremeístas desde que tomaron la administración pública, todas ellas incongruentes con una agenda de objetivos tan bien definidos. Sin embargo, el hecho de que durante el último año y medio los Estados Unidos, a través de sus agencias y al más alto nivel gubernamental, hayan reconocido a los detentadores del poder político como un amo a su cachorro, confirman la hipótesis.
Mientras cumple milimétricamente la agenda de su popicracia, Abinader apuesta por distraer a la mayoría con anuncios efectistas como las medidas para afrontar la situación haitiana (todas risibles y ninguna verdaderamente útil), la negociación del peaje sombra (que no disuelve la posibilidad de que el mismo esquema se repita en las famosas alianzas público privadas tan de moda ahora) o el anuncio de vuelos baratos para la diáspora (sin explicar mecanismos para su concreción).
Probablemente, el estado de opinión resultante de la labor de orfebrería con la cual se gestó y ejecutó el golpe del 16 de febrero de 2020 impida a muchos, entre ellos importantes líderes políticos, percatarse de que Abinader es el principal instrumento de una agenda que tiene en su mira además de los recursos de la República, los atributos esenciales de la dominicanidad, aunque para ello se lleven de encuentro nuestra democracia y hasta sus propias cabezas.
¿Es la popicracia, con el apoyo anglo y la financiación empresarial, invencible? ¿Estamos condenados de antemano a una integración informal con el vecino por el designio extranjero? ¿Estará nuestro futuro determinado, nuevamente, por la alianza concupiscente que abrió las puertas del gobierno para que los popis lo ocuparan?
La gente que detenta el poder en RD tiene ventaja si al endoso manifiesto de los Estados Unidos, al soporte (solapado, pero firme) de la casta empresarial y al apoyo (por reflejo condicionado) de la clase media esnob, le suman el divorcio entre sus opositores: unos, asediados por el Ministerio Público (brazo político del gobierno) con la excusa de «la lucha contra la corrupción»; otros, buscando estructurar una organización que sustente el arraigo social de su líder; y algunos, esforzándose en recuperar el vigor de antaño.
Mientras cada quien da su particular batalla, Abinader ejecuta la agenda diseñada por sus auspiciadores y timonea una gestión coleccionista de pifias que deteriora de manera incremental la calidad de vida de la ciudadanía.
Ante ese panorama, la oposición necesita dedicar el 2023 a configurar una concertación amplia e incluyente que catalice y metabolice el creciente descontento social que los medios de comunicación convencionales buscan invisibilizar.
De ninguna manera, este planteamiento está cimentado en un miedo cerval a la popularidad artificiosa de Abinader y el PRM o en que le considere un enemigo difícil de vencer; obedece más bien a la necesidad de neutralizar a tiempo la peligrosa capacidad de maniobra de los metapoderes que le aúpan.
No planteo una alianza de partidos limitada a cuestiones electorales, sino que el espectro político opositor se coloque a distancia infinita de Abinader y el PRM, construya una agenda común y sea contrapeso crítico de toda acción gubernamental.
Esa coalición opositora debe parar en seco la intención de Abinader de fideicomizar el Estado, tomar las banderas de importantes reformas pendientes en el Congreso (Código Penal, Código de Trabajo, Régimen de Seguridad Social, Nuevo Código Electoral) y, paralelamente, ser capaz de diseñar, con la participación de la gente, un ambicioso programa de gobierno para recuperar el país, a más tardar en 2024, con candidaturas comunes en todos los niveles.
El liderazgo mayor de la oposición está obligado a deponer emociones, desistir de conveniencias tácticas e impulsar juntos un gran acuerdo como fiel expresión del sentido común que les ha caracterizado durante sus respectivas trayectorias.
Hasta el 16 de agosto de 2020 la República Dominicana vivió el período más venturoso de su historia, gracias precisamente a que ese liderazgo supo unir sus voluntades, siempre que las circunstancias así lo requirieron, verbigracia el pacto que viabilizó la Constitución de 2010 o el histórico acuerdo PRD-PLD que concretó el Gobierno Compartido de Unidad Nacional a partir de 2016.
Desde que el golpe del 16 de febrero de 2020 abriera las puertas del Palacio Nacional a Abinader, su popicracia y al PRM, todos los logros alcanzados durante este siglo, sobre todo los grandes avances de nuestra nación conseguidos después del accidente histórico ocurrido entre 2000-2004, peligran. Los tres principales líderes de la oposición tienen en sus manos el futuro de todos.
Ojalá atiendan al llamado.
