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El hilo narrativo del presidente de la Junta Central Electoral se mantiene coherente con la hoja profesional –y aspiracional– que el magistrado Román Jáquez cuenta a través de sus acciones y decisiones. Por ejemplo, para él es aspiracional la equidad de género, la cuota de un 50-50 tanto para hombres como para mujeres en lo que se refiere a la distribución de las candidaturas en el sistema de partidos. A todos los niveles: municipal y congresual.
En cuanto a la boleta presidencial, los propios candidatos se decantaron, en las elecciones del 2020, por ejemplo, en apostar a una mujer como como número dos. Luis Abinader eligió a Raquel Peña, hoy vicepresidente de la República; Leonel Fernández escogió a Sergia Elena Mejía y Gonzalo Castillo apostó a Margarita Cedeño, que ya había ocupado el cargo en dos períodos anteriores (2012-2016).
Apegado a su discurso y a su credo de oficio, el magistrado y presidente de la Junta firmó la resolución No.13-2023 sobre la aplicación del porcentaje de las reservas de las candidaturas que establece la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para las elecciones generales del 2024. Esta resolución provocó el primer enfrentamiento de calado entre partidos y JCE, en vista a las próximas elecciones. Una coalición de organizaciones, con la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana a la cabeza, depositaron un recurso para que el Pleno reconsidere su decisión.
Este paso de carácter legal, originado por un total de 15 partidos, supone un episodio que puede definir cuál será el espíritu del Pleno que encabeza la gestión con Román Jáquez como presidente, en lo que concerniente a los procesos de organización de las próximas elecciones. A estas organizaciones no le satisface en lo absoluto la distribución que dispone la Junta con relación a los niveles de elección y el porcentaje para las reservas de las candidaturas. Esto es: en el nivel senatorial, de diputaciones, de alcaldías, de regidurías, de directores distritales y de las vocalías. Un 20 por ciento para cada uno de los niveles.
A los partidos que firmaron el recurso de apelación no les hace sentido la posición de la Junta. La resolución concluye que de los 32 senadores, el veinte por ciento corresponde a la reserva de 6; de 190 diputados serían 38 y de las 158 alcaldías, tendrían posibilidad de reservarse 32 candidaturas. Así sucesivamente se van estableciendo las cantidades para el resto de los niveles. El Pleno de la Junta, con un voto disidente de Dolores Altagracia Fernández Sánchez, tiene un sustento legal, antecedente judicial para rematar, para sustentar y mantener invariable su posición sobre este asunto.
En caliente, mientras depositaban su recurso de oposición, representantes de algunos partidos incluso advirtieron que sopesarán la posibilidad de no participar en las próximas elecciones, si la Junta se mantiene firme con respecto a la resolución. Una advertencia innecesaria, que pudiera incidir negativamente para que el pleno ceda ante su solicitud. Encontrar un punto de equilibrio en este asunto es el espíritu que debe primar entre las partes.
Todavía falta un buen trecho por recorrer en la ruta de la organización de las elecciones municipales y congresuales de febrero y mayo del 2024. El magistrado Román Jáquez es un magistrado que suele tomar decisiones apegado a las leyes que regulan las decisiones del organismo encargado de organizar las elecciones. El liderazgo político, que es el mismo que aprueba esas leyes que hoy regulan estos procesos, debe sopesar qué se pierde y qué se gana cuando suceden este tipo de casos. Estos días más que nunca debe predominar la prudencia y el sentido común entre las partes.
