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Con la pregunta ¿cuál de los candidatos le agrada más para la presidencia? inicia formalmente la historia de las mediciones de popularidad de los aspirantes políticos en nuestro país. En el año 1974 el periódico La Noticia contrató los servicios de la firma Centro de Investigación y Mercadeo Social (CIMERS), que dirigía Luis Augusto Caminero, dando paso a lo que podríamos llamar guerra de encuestas de simpatía o preferencias partidarias.
Más allá de su efectivo uso para determinar simpatías de candidaturas políticas, las encuestas nos traen un conjunto de datos sobre las principales preocupaciones de la población, por ejemplo, delincuencia en sentido general, inflación, alto costo de la vida, desempleo, corrupción administrativa, salud, falta de agua potable y por último (casi siempre) la educación.
A casi 50 años de implementar las encuestas, nunca deja de sorprenderme la poca importancia que dan los políticos a las preocupaciones que expresan los encuestados a los temas corrupción y la educación. Entrega tras entrega los resultados de estas mediciones –como instrumento de trabajo para su estrategia de campaña política– cuatro componentes lideran los desvelos de los consultados: delincuencia, inflación, corrupción y desempleo. Un contrasentido absoluto, partiendo del hecho que esos dos factores (corrupción y desempleo) son anclas que impiden el despegue al desarrollo económico de la nación.
La corrupción no sólo incrementa la desigualdad social, también afecta el crecimiento económico, la competitividad y está estrechamente ligada a la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Cuando los políticos intuyen esta realidad que deja la práctica corrupta, tal vez varíen las cifras de las mediciones y las condiciones de vidas del ciudadano cambie para bien.
Participación Ciudadana ha realizado varios estudios sobre el tema: «20 Años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003» y «La corrupción sin castigo», publicaciones que dejan datos que espantan hasta los mortales más indiferentes.
En el primero se identificaron 130 casos de corrupción, de los cuales seis tuvieron sentencias definitivas, en cinco los acusados fueron absueltos y uno tuvo condena no penal. El segundo estudio compila denuncias publicadas en medios de comunicación de los años 2000 al 2013, detalla 94 casos de corrupción, ninguno llegó a juicio. Hablamos de 224 procesos con una sentencia definitiva, en ese renglón nos llevamos el récord Guinness de la desvergüenza. En 30 años un caso llegó a su final, los demás quedaron sin consecuencias.
La educación ayuda al avance, progreso de las personas y sociedades, pero no vamos a explayarnos en el tema, solo haré referencia a dos acontecimientos recientes, las pruebas PISA que sitúa a los estudiantes dominicanos por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, comprensión lectora y ciencia. Y los resultados del Concurso Oposición Docente Focalizado 2023, participaron 63,467 profesores para cubrir 13,300 plazas vacantes en los niveles inicial, primario y secundario en centros educativos de 18 regionales y 122 distritos del país, la mayoría, 45,746, reprobaron los exámenes.
Cabe recordar que la corrupción administrativa se convirtió en uno de los problemas más dolorosos de nuestra sociedad, durante décadas fue la mayor depredadora del erario, sin que las autoridades responsables de sancionar estas prácticas lesivas al patrimonio nacional produzcan acciones apremiantes, que envíen un mensaje claro a la población de que las mismas no quedarán impunes.
Sin embargo, este panorama podría cambiar si la lucha contra la corrupción e impunidad no fueran solo la principal consigna de campaña, sino la estrategia de trabajo ejecutada por políticos al asumir un puesto público. Transformar la vida del dominicano implica la no tolerancia a hechos de corrupción; enfrentarla generaría grandes expectativas y confianza en que podría haber voluntad política para afrontar la corrupción en el país.
Merecemos vivir en un país donde los recursos públicos sean administrados con pulcritud y destinados a mejorar la calidad de vida, para que en las encuestas y la realidad las preocupaciones del ciudadano no sean la inseguridad, baja calidad educativa y salud, pocas oportunidades para la juventud y servicios básicos sin garantizar. Las prácticas no éticas deberán sancionarse sin excepciones y sin dilaciones.
Los actores políticos deben reflexionar seria, profundamente y ser conscientes de sus responsabilidades en el proceso de adecentamiento de la administración pública. La práctica transparencia debe ser la regla y la corrupción una excepción.
