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Hace más de año y medio ya sonaba la campana de que la Pepca, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, ya tenía preparado un expediente sobre el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, durante el gobierno de Danilo Medina. Llamaba a suspicacia pensar en una posible imputación a un funcionario tan cercano y comprometido con el pasado gobierno. Dicho expediente se hizo esperar hasta ahora bajo el nombre de «Operación Calamar» y ha resultado ser mucho peor de lo que algunos imaginábamos. Una explosión acusatoria por parte del PEPCA no solo a Donald Guerrero sino a: José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia y el ex candidato presidencial y ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
En realidad, todos los imputados suman una estructura de 22 personas, incluido conocidos de apellidos sonoros y el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez que había sonado antes con los casos de Félix Bautista, están acusados todos de distraer más de RD$19,000 millones del erario, que se traduce también según analistas económicos al equivalente el 28% del PIB del país al año 2020. Un año crítico por la paralización de todas las actividades económicas debido al Covid, pero que estos ilustres funcionarios y particulares continuaron son sus negocios ilícitos en el desfalco al Estado durante todo ese período hasta el cambio de gobierno en agosto de ese año. De esa inmensa cantidad de dinero, RD$1,231,933,188 fueron utilizados en el financiamiento de la campaña de Gonzalo Castillo.
Según lo escrito en el expediente Caso Calamar, las instituciones del Estado como Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Bienes Nacionales, Consejo estatal del Azúcar, la dirección de Jurisdicción Inmobiliaria, Presupuesto y el Banco de Reservas fueron utilizadas para llevar a cabo todo el entramado del desfalco de este descomunal caso de corrupción.
Dicho entramado criminal, según el expediente: aprovechó los conocimientos que tenía sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales al estafar y desfalcar al Estado dominicano, identificar bienes que hayan sido declarados de «utilidad pública» y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
A su vez, crearon un esquema que incluían la participación de profesionales en ejercicio privado que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares y para todo esto y más, falsificaron documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales, emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes, obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago, utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a intereses de los funcionarios que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor, y un sinnúmero de artimañas más…
Por si fuera poco, la trama criminal no solo se benefició de cobros con terrenos del Estado, sino que también utilizaron la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución, por personas asociadas al entramado y para beneficio de este.
Y pregunto ¿habrá justicia real con este caso? ¿Estarán los imputados enviados a arresto domiciliario por negociación con la Pepca cuando usted lea este artículo, o cumplirán 18 meses de medida de coerción en la cárcel? ¿Por qué no están presos también los particulares que han servido de chivatos, incluido el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo y que negociaron con la Pepca?
