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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el gobierno desde hace unos meses están desarrollando una estrategia política para alcanzar la reelección de Luis Abinader en primera vuelta. Uno de los elementos de esa estrategia es desprestigiar al PLD y sus dirigentes a través de una campaña agresiva de acusaciones sobre actos de corrupción, y los subsecuentes apresamientos de ex funcionarios y dirigentes del PLD que formaban parte del gobierno de Danilo Medina.
Hasta la pasada semana, los números de Luis no daban para una victoria en primera vuelta. Los esfuerzos del PRM y del gobierno de utilizar la politización de la justicia, lo que en América Latina se ha llamado Lawfare, para sacar de circulación política al PLD, no le habían dado resultados. El PLD, a pesar de los tres expedientes que la procuraduría había armado hasta la semana pasada, no se ha debilitado sino que por el contrario se nota más fortalecido. Ha sido capaz de desarrollar una efectiva estrategia de fortaleza orgánica y un proceso exitoso de elección de su candidato presidencial, Abel Martínez.
El PRM y el gobierno están jugando al Lawfare para encubrir su directa participación en esta estrategia judicial de procesar peledeístas. ¿Qué es el Lawfare?
Es el uso incorrecto de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de los adversarios políticos. Para lograrlo hace se implementan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y sus posibles defensores, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Tal y como hemos visto en los actuales procesos, lo que se busca es lograr que los acusados sean condenados mediáticamente, pierdan apoyo en la sociedad y no dispongan de capacidad para una reacción popular.
Eso lo ha hecho el PRM y el gobierno en contubernio con la Procuraduría General de la República. Y es el mismo esquema que se ha usado en otros países de América Latina, aunque los resultados han sido muy diversos y en muchos casos, como en Brasil por ejemplo, se han revertido en contra de los gobiernos que han implementado esa estrategia.
En el caso de Perú, la judicialización de la política ha convertido a ese país en una nación ingobernable. En tan solo cinco años ha tenido cinco presidentes, todos derrocados y acusados de corrupción, algunos encarcelados y todos perseguidos. Peor aún: Ese Lawfare provocó que el expresidente Alan García se suicidará en su residencia momentos antes de ser apresado por acusaciones de corrupción administrativa.
En el caso de Brasil, Ignacio Lula Da Silva fue objeto de un maltrato y de un abuso sin límites por parte del gobierno de Bolsonaro, en contubernio con el ministerio público encabezado por el irresponsable juez Sergio Moro. Sin tener ninguna prueba, acusaron a Lula de corrupción, le negaron sus derechos, violaron todos los procedimientos y lo metieron en la cárcel por casi dos años. Pero luego, la Suprema Corte anuló ese abuso y tres años más tarde Lula ganó las elecciones y actualmente es el presidente de Brasil. A Bolsonaro y Sergio Moro, les Salió el tiro por la culata con Lula.
¿Es Danilo Medina el objetivo a largo plazo?
En los últimos días los números de las encuestas han desesperado al PRM y al gobierno, porque cada día ponen más lejos la posibilidad de la reelección en una primera vuelta. Ante eso, han decidido profundizar el Lawfare y tratan de darle una estocada mortal al PLD y su dirigencia. Todo indica que el apresamiento de Gonzalo, José Ramon y Donald, con todo ese show y ese aparataje, es solo una muestra de que el PRM y el gobierno están dispuestos a todo para nulificar electoralmente al PLD. Y al parecer están apuntado sus cañones hacia el ex presidente Danilo Medina.
La muestra más clara de eso es el tuit que publicó el señor Mauricio Devengoechea, uno de los principales asesores de Luis Abinader, donde se burla de los dominicanos diciendo que “se acabaron los intocables”. Y se confirma al leer varios párrafos del documento que sirvió de base al Ministerio Público para los más de 40 allanamientos que realizaron.
En la primer página de ese documento se dice lo siguiente: «En el año 2019, antes de las Elecciones Primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, (…) instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de Ministerios y Direcciones Generales que estaban presentes, a buscar dinero para las campañas políticas del 2019, (internas del PLD) y la del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita».
Y en la página 9 siguen acusando a Danilo, cuando dicen: «Partes importantes de los fondos distraído desde el Estado dominicanos, fueron recibidos, de manera personal por el investigado Gonzalo Castillo, quien para la emisión de los libramientos de los pagos de expediente por expropiaciones por el Ministerio de Hacienda, se había convertido en el precandidato al que apoyaba el presidente Danilo Medina Sánchez, lo cierto es que las evidencias revelan su absoluta disposición a que el dinero distraído fuera exclusivamente a la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo».
El Ministerio Público afirma que Danilo sabía de esa supuesta red de corrupción, que «autorizó la búsqueda de dinero ilícito para la campaña de Gonzalo y que permitió que se distrajeran recursos del estado» para ser usados en las campañas interna del PLD y en la campaña de Gonzalo en las elecciones del 2020. Esa es una grave acusación que tiene un fin político a largo plazo.
Gonzalo Castillo: ¿preso político del gobierno del PRM?
Estos últimos apresamientos son parte importante de esa estrategia que está implementado el PRM y el gobierno, que ha tomado una nueva etapa, tal y como se confirma con el tuit de Mauricio. Ya no hay intocables, por eso le marcharon a dos funcionarios del entorno cercano de Danilo y, nada más y nada menos, que al candidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, quien obtuvo el 38% de la votación.
Es una gran sorpresa ese apresamiento de Gonzalo por este caso del Ministerio de Hacienda, pues su nombre nunca fue mencionado ni antes fue llamado para declarar sobre el mismo. Al parecer a Gonzalo lo incluyeron de contrabando para que Danilo y el PLD se metieran en miedo. Pero el PLD ha respondido que nada lo atemoriza. Y esa acción se le ha revertido al PRM, pues la mayor parte de la sociedad ha entendido esa acción como un acto de retaliación política y ha convertido a Gonzalo Castillo en un preso político del gobierno del PRM.
La respuesta del PLD: «No tenemos miedo»
El PLD ha sabido manejar esta situación y su respuesta ante la andanada de apresamientos de sus dirigentes ha estado a la altura de las circunstancias. El PLD respondió con firmeza, movilizó sus miembros, protestó frente a la fiscalía y enfrentó de manera directa al presidente Luis Abinader.
En la rueda de prensa de este lunes pasado, encabezada por su secretario general Charlie Mariotti, el PLD hizo público un documento donde expresa: «El que crea que el PLD abandonará las calles se equivocó, medio a medio, pues ahora más que nunca es que tenemos que trabajar sin descanso. No nos vamos a dejar distraer por una administración del PRM que va en caída libre, pues Luis Abinader y su gobierno sabe que el principal enemigo de su reelección es el fracaso de su gestión. El Presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo».
La dirección del PLD sabe muy bien que detrás de esa estrategia de la judicialización de la política está el propio presidente Luis Abinader, por lo que en su comunicado lo enfrenta de manera directa y llama a que sea investigado por dinero ilícito en su campaña: «Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos: ¿a quién financió el narcotráfico, de qué partido son los extraditados y los extraditables? El PLD solicita al Ministerio Público que investigue a Luis Abinader, ya que el ciudadano Ángel Lockward, hoy apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la Republica para su campaña. ¿Si el Ministerio Público objetivo e independiente ha dicho que ese dinero de Lockward es ilícito, por qué entonces no ha investigado al presidente de la República?
Esta etapa de apresamientos de miembros del Comité Político del PLD le pone un nuevo matiz a la batalla electoral de febrero y de mayo del 2024. ¿Podrán el PRM y el gobierno nulificar al PLD con estas nuevas acusaciones? ¿Podrá el PLD seguir su ruta de fortalecimiento y no ser afectado sensiblemente por estos apresamientos? La respuesta a estas interrogantes la veremos en los próximos días.
