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La corrupción es tema recurrente en nuestra agenda. Cada época tiene su corrupto preferido al que, radio bemba antes y Twitter ahora, les adjudican gigantescas fortunas dignas del ranking global de la revista Forbes sobre los hombres y mujeres más ricos del planeta.
Unos dicen que la corrupción es un mal endémico de la sociedad y que erradicarla es tarea imposible. Otros aseguran que falta voluntad política para llevar a la cárcel a los corruptos. Los menos, apuntan a que las fortunas mal habidas carecen de rechazo social, y eso estimula su búsqueda.
La gente se divierte con el circo, aunque le sigan robando el pan. La administración pública está construida para que los actos de corrupción sean la regla. Hace algunos años, la USAID publicó un estudio donde se establecía que el macuteo le costaba al contribuyente seis mil millones de pesos anualmente.
Las normas jurídicas que sustentan los mecanismos institucionales para combatir la corrupción están hechas para mantener, si no fortalecer, el entramado que resulta en el enriquecimiento de unos cuantos a costa del erario. La ley es fácil de burlar y el proceso tan enrevesado que nos vence por cansancio.
Cada vez que en la República Dominicana se ha emprendido una persecución sistemática de supuestos casos de corrupción se ha enfocado en darle un uso político aunque el costo sea la destrucción de la imagen del corrupto favorito de turno o el descrédito ciudadano sobre las reales intenciones de esa jornada.
De 1986 hasta la fecha, en cada periodo presidencial se ha izado la bandera de la anticorrupción para terminar arriándola sin resultados provechosos para ciudadanía y con el entramado de corrupción intacto, cuando no con una mayor sofisticación.
Emblemáticas resultan las maratónicas sesiones televisadas que se realizaron entre 1986 y 1988 donde el doctor Balaguer se sentaba en Palacio a escuchar a los funcionarios de su gobierno relatar los supuestos actos delictivos que se realizaron durante la gestión de Salvador Jorge Blanco.
Ese teatro sirvió de base para llevar a Salvador a la cárcel y realizarle un proceso judicial que es considerado por muchos como el juicio del siglo XX. A la postre, esa persecución solo sirvió para destruir la imagen del expresidente y sembrar la idea de que el suyo había sido el peor gobierno del siglo pasado.
Igual suerte corrió, por ejemplo, los expedientes de Bahía de las Águilas y la Lotería Nacional que se destaparon durante la primera gestión de Leonel Fernández o el famoso Caso PEME, abierto durante el gobierno de Hipólito Mejía, el de los invernaderos y el Plan Renove en la vuelta al poder de Fernández.
Todos recordamos el famoso caso de la Sunland, articulado en medio de una campaña electoral, pero que terminó por hacer implosionar a la Suprema Corte de Justicia de entonces, llevándose de paro el proceso de modernización e institucionalización del Poder Judicial.
Como olvidar el mamotreto que se hizo en el país con el caso Odebrecht dirigido desde la embajada norteamericana y articulado por los mismos componentes del Ministerio Público que hoy todos consideran como grandes héroes, pero que en realidad solo sirven a intereses foráneos con la ilusión de erigirse en los salvadores de la patria, sobre las cenizas de nuestra democracia.
Esta gestión ha armado varios escándalos de corrupción, cuyos expedientes han zozobrado en justicia puesto que han sido elaborados con la única intención de desacreditar la anterior gestión, por puro sentimiento de venganza y con el interés de desarticular el sistema de partidos en la República Dominicana.
Vistos los hechos históricos, tomando en cuenta los resultados que ha tenido en República Dominicana la persecución de los «corruptos» podemos asegurar sin temor a equivocarnos que las campañas para combatir la impunidad, incluida la encabezada por la famosa Marcha o Mancha Verde, han sido muchísimo ruido y poquísimas nueces.
La mejor medicina contra la corrupción es la transparencia y una sólida educación que busque construir una nueva cultura asociada al manejo pulcro de los recursos públicos. Alguien se ha preguntado ¿por qué no se establece que la declaración jurada de los funcionarios públicos se sustente con las declaraciones de renta e impuestos de los diez años que precedan a su nombramiento?
La verdadera lucha contra la corrupción ocurrirá cuando los políticos asumamos el desafío histórico de desmontar el sistema que la soporta. Mientras eso ocurre, nos toca repetir los versos de Juan Luis Guerra en la canción No tiene madre de su producción Literal: Tú juzgas por las leyes que promulga don dinero/Y vives en la tierra como si no hubiera cielo/Y te haces de la vista gorda/Y sigues con el juego/La historia que repite/Y se remienda un traje viejo/Esto no tiene madre.
Si alguna lección nos deja la historia es que, en República Dominicana, lo único peor que la corrupción ha sido la lucha contra la corrupción.
