Leonel Fernández y la venta de las empresas del Estado
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Algunos dicen: «Leonel Fernández vendió las empresas del Estado dominicano». No creo que sepan el disparate que están diciendo, pues hay al menos tres falacias en ese argumento.
Decir que «un presidente hizo» cuando debe decirse «el Estado hizo» pasa por alto la institucionalidad y mantiene la pervivencia del caciquismo. Ahí tenemos la primera falacia, según la cual el presidente está tan por encima de las instituciones y de las leyes que puede vender una empresa pública sin consecuencias.
El peligro no está en si es cierto que un presidente puede vender las empresas del Estado, sino en la creencia de que puede hacerlo, lo que indica una predisposición para favorecer el advenimiento del «hombre fuerte», lo que puede dar lugar a la dictadura. Inquietante mentalidad heredera del trujillismo. El dictador Rafael Trujillo vendía y compraba las empresas estatales porque el Estado era él. La creencia de que un presidente puede vender las empresas del Estado entronca con otros comportamientos cotidianos que presagian la dictadura o que traen reminiscencias de un modo de pensar modelado por algún tipo de tiranía o de irrespeto a las normas.
Las empresas del Estado se vendieron tras aprobarse la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública del año 1997. Mediante esta ley el Estado se autorizó a sí mismo a capitalizar o deshacerse de empresas indicadas en dicha ley y estableció los lineamientos de ese proceso reformativo. Otros nombres dados a lo que muchos conocen vulgarmente como «venta» son reforma, capitalización o privatización de las empresas.
La importancia de decir que la ley autorizó la venta de las empresas estatales radica en el hecho de que eso nos lleva a recordar que las leyes las aprueba el Congreso Nacional, es decir, el conjunto de senadores y de diputados de República Dominicana. Decir que la ley autorizó la venta de empresas del Estado es lo mismo que decir que quienes aprobaron esas ventas fueron los diputados y los senadores.
¿Qué Congreso Nacional aprobó la Ley 141-97? Según Legislatina, ese Congreso Nacional estaba representado por un 47,5% de legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), un 41,7% de legisladores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y un 10,8% de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que era el partido del gobernante Leonel Fernández Reyna.
El presidente del Senado era Amable Aristy Castro, senador del Partido Reformista Social Cristiano, y el presidente de la Cámara de Diputados era Héctor Peguero Méndez, diputado del Partido Revolucionario Dominicano.
El senado estaba compuesto por 15 senadores del PRD, 14 senadores del PRSC y un senador del PLD para un total de 30 senadores. La Cámara de Diputados estaba compuesta por 57 diputados del PRD, 50 diputados del PRSC y 13 diputados del PLD para un total de 120 diputados. (Ver Legislatina: http://americo.usal.es/oir/legislatina/repdominicana.htm)
Si volviéramos a preguntar quién vendió las empresas del Estado, lo lógico sería comenzar implicando a los legisladores que aprobaron la ley de venta de esas empresas, un Congreso Nacional constituido casi por completo por legisladores del PRD y del PRSC.
De esa manera queda destruida la primera falacia. A diferencia de lo que personas falaces puedan hacer creer, el propio pueblo dominicano por medio del Estado, a través del Congreso Nacional constitucionalmente facultado, aprobó, mediante ley, la venta de las empresas estatales.
La segunda falacia se ubica en la esfera de la intencionalidad. Ya sabemos que el Estado, a través del Congreso Nacional, autorizó la venta de empresas públicas. Pero volvamos a la acusación original. El argumento de que el presidente Leonel Fernández Reyna vendió las empresas del Estado no se utiliza como reconocimiento –como en todo caso hubiera tenido que ser–, sino que se expresa en un modo acusatorio.