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La legitimidad de un Gobierno descansa en el compromiso de encarnar la voluntad del pueblo, los ciudadanos reclaman a quien administra el Estado para que este sea obediente a las leyes y haga lo que el pueblo aspira que conciba.
Es responsabilidad del Gobierno respetar los distintos poderes del Estado, sobre todo, la administración de la justicia, porque el Estado de Derecho traza la organización de la vida en sociedad, obligando a las autoridades que administren a limitarse a cumplir un marco jurídico que lo ampara y regule por ley todas sus decisiones y procedimientos que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es el Estado de Derecho que sustenta la gobernanza puesto que «todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a unas leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal».
A partir de este axioma está claro que el Estado de Derecho reconoce varios aspectos: la «división de poderes, es decir, una estructura formal de un sistema jurídico y que de garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes, libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico, división de poderes políticos en la estructura del Estado e integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica».
¿Al ver las prerrogativas que establecen las leyes a quien administra el Estado, se puede creer que es posible plantear que la justicia dominicana es una marioneta del actual Presidente de la República Luis Abinader y el PRM? Existen varias razones que me llevan a pensar y poner en tela de juicio y cito:
1.- El Gobierno al asumir la posición, tomo medidas que derriban los planteamientos de la oposición política cuando plantean que la lucha contra la corrupción y seguimiento que da el Ministerio Público lo tildan de persecución política porque:
nombra personas ajenas a partidos políticos en el Ministerio Público. Integra los órganos del Estado independientes a los partidos políticos en la Junta Central
Electoral, Tribunal Superior Electoral, jueces faltantes en el Tribunal Constitucional y
Suprema Corte de Justicia, Defensoría del Pueblo y Cámara de Cuentas, entre otras.
2.- Es importante aclarar que los jueces que determinan la culpabilidad o la inocencia de los –ex funcionarios– implicados en hechos de corrupción y defalco contra el Estado dominicano son liderados por Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y todo el pueblo conoce su militancia política.
3.- Da independencia financiera a los ayuntamientos dejándolos administrar sus propios recursos a partir de lo presupuestado en la planificación y entregando el porciento establecido por ley.
Sin embargo, es lógico que los partidos se defiendan porque se sienten amenazados por el Ministerio Público que da seguimiento a ex funcionarios peledeístas que supuestamente malversaron fondos del Estado durante su administración, no obstante, entiendo que el método escogido no es pertinente –se desmonta con facilidad– utilizar campañas mediáticas y de redes sociales para descalificar este órgano responsable de ejecutar políticas de Estado frente a la criminalidad dirigida a advertir, controlar y apremiar los hechos punibles, siempre actuando en defensa de lo establecido en la Constitución, el interés de la sociedad y encauzando de oficio todas las acciones penales, los involucrados no mostrarán su inocencia, ni mucho menos podrán justificar su enriquecimiento ilícito.
