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Estos tiempos han traído la necesidad de recurrir a la transparencia. Ser transparentes nos obliga a poner sobre la mesa y en blanco y negro lo que es y debe ser. Nos obliga a rendir cuentas, quien espera transparencia debe de igual manera dar el ejemplo.
La transparencia se sustenta en acciones y hechos preventivos que dan lugar a actos basados en valores éticos. No siempre se entiende.
La política no debe escapar de ese interés. Los gobiernos deben sentir la obligación de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público, lo que ayudaría a prevenir los casos de corrupción a lo que hemos estado expuestos por los siglos de los siglos, siendo los más recientes los que han escandalizado y puesto en alerta al pueblo dominicano.
Sin dudas que la transparencia debería de ser uno de los valores transversales y obligatorios para cualquier tipo de organización, no solo política.
No obstante en el orden público, es importante no bajar la guardia, el papel que ha estado jugando la Junta Central Electoral ha sido loable, apegada a los linieamientos para los que fue establecida y sobre todo consciente de sus funciones y el rol que le toca dosempeñar.
El pleno que dirige la JCE ha estado activo trabajando cada proceso en pos de que el escutrinio electoral del 2024 sea transparente y democrático, como también lo espera cada ciudadano.
El órgano encargado de organizar las elecciones del 2024, había hecho un llamado al inicio del 2023 a los partidos políticos para que entregaran sus estados financieros como lo estipula le Ley 38-18, de Agrupaciones y Partidos Políticos.
La fecha límite establecida para la recepción de todo este expediente requerido en la normativa electoral fue hasta el domingo 12 de febrero.
Los partidos y agrupaciones políticas que reciben fondos públicos no deben sentirse ofendidos por este escarseo, todo lo contrario, en estos tiempos donde las redes parecen constituirse más que el cuarto poder, y circulan a todas horas informaciones falsas revestidas de verdad, se hace imperante acudir a la transparencia y cumplir con las normativas.
Los partidos, por lo menos públicamente, han optemperado al llamado de la Junta siendo los mayoritarios los primeros que acudieron a la cita, para poner sus cuentas claras, obviamente nadie se quiere quedar fuera del presupuesto.
El pasado 12 de enero, el órgano electoral solicitó a las organizaciones políticas cumplir con el mandato de ley de rendir cuentas sobre el uso y manejo del dinero estatal que reciben y les dio un mes a partir de la notificación de esa comunicación para cumplir.
Cada organización política debió depositar en la JCE sus estados de ingresos, gastos y financieros del período comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022.
Específicamente, la Junta solicitó un informe sobre los gastos de publicidad en vallas ejecutados durante el año 2022, detallando el suplidor, ubicación, cantidad, descripción y costo.
Janet Camilo, secretaria electoral del PRD, aclaró que su partido no tiene al día de hoy ninguna valla publicitaria colocada en el país. El PRD ha hecho campaña llamando a la afiliación, pero sin el uso de ese tipo de publicidad. La Fuerza del Pueblo, por el contrario ha forrado de vallas el país, con el propósito de captar nuevos miembros y fortalecer sus estructuras internas.
De igual manera solicitó la JCE la copia fiel de los contratos publicitarios realizados durante el mismo año (2022) por radio, televisión, Internet y televisión.
Un dato al que se le debe prestar la atención y que también está dentro del requerimiento que hizo el órgano electoral tiene que ver con que los partidos deben detallar la nómina de contribuyentes de recursos en efectivo o especia, detalle de la cuenta única de la organización en bancos, cuenta administrativa manejada para la erogación de fondos y la conciliación bancaria de la cuenta única.
De velar por el cumplimiento de este requimiento pudiera contribuir para que en las próximas contiendas electorales no tengamos sorpresas que luego salen más costosas para la propia organización política, que el propio aporte económico que dan algunos personajes de dudosa reputación quienes a lo largo de la historia reciente de la política dominicana han hecho de esta práctica un modo de operar a favor de salvaguardar sus intereses.
Las organizaciones políticas deben cumplir con ese requisito para poder acceder al financiamiento de 1,260.4 millones de pesos que este año repartirá la JCE, aunque al inicio de este gbierno, el presidente Luis Abinader había planteado la necesidad de recortar el 50 por ciento del presupuesto que se le entrega para fines de campaña a estas organizaciones y luego de muchas discusiones y declaraciones de los representantes de los partidos decidieron no volver a plantear la propuesta.
Deberá llegar el día en que la rendición de cuentas no sea solo para el partido de gobierno, sino, para todas las organizaciones políticas que reciben dinero del erario, quienes de manera transparente acudan sin que sean llamados a presentar en qué invierten cada centavo recibido.
Distribución del dinero
El 80 por ciento de los 1,260.4 millones de pesos le toca al PRM, PLD, FP y PRD, es decir, 252.08 millones a cada uno. Mientras que el 12 por ciento (151.2 millones) sería distribuido entre el PRSC, Alianza País, Partido Unidad Nacional (PUN), Dominicanos por el Cambio (DXC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Cívico Renovador (PCR), por lo que estarían recibiendo cada uno unos 21.6 millones.
Mientras que el resto de partidos y movimientos políticos recibe el 8 por ciento que queda disponible del presupuesto.
La Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos 33-18 establece en su artículo 62 que «durante los primeros diez días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con vocación para acceder al financiamiento público presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate».
