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El pasado domingo 18 de febrero, los dominicanos acudimos a ejercer un derecho constitucional: el de elegir y ser elegido. En dichas elecciones, se registró una abstención histórica. Muchos atribuyeron este fenómeno al hecho de que las elecciones municipales no generan un gran interés en la población. A pesar de algunos elementos que respaldan esta observación, lo cierto es que en la población se observa una apatía en lo que respecta a temas cívicos, como el acto de elegir a las autoridades públicas.
Desde hace un tiempo, una parte significativa de la población percibe la política como una actividad en la que se busca lucrar. Por esta razón, un regidor necesita invertir sumas de dinero extraordinarias para ser elegido, a pesar de que hace apenas 30 años esta representación era honorífica. El sistema de partidos y los líderes políticos son responsables de haber transformado una actividad que originalmente tenía nobles fines de representación ciudadana en una actividad económica en la que aquellos que desean ser votados deben destinar considerables recursos económicos.
El sistema actual ha convertido el voto de un derecho cívico en una mercancía transable que socava los cimientos de la representación democrática. Aunque el derecho al voto es un pilar fundamental de las democracias modernas, su transformación en una mercancía que puede ser comprada y vendida resulta perjudicial para la legitimidad de las autoridades electas y la integridad del sistema.
Esta perspectiva plantea interrogantes sobre la equidad, la integridad y, sobre todo, la legitimidad de las autoridades electas. Si el derecho al voto se convierte en una mercancía, surge la duda de si los intereses de aquellos con recursos para comprar votos pueden prevalecer sobre los de la mayoría, poniendo en riesgo la esencia misma de la democracia. La influencia del dinero en la política puede distorsionar la voluntad popular, convirtiendo el voto en una herramienta manipulable por aquellos con mayores recursos económicos.
Es fundamental que la Junta Central Electoral (JCE) reflexione sobre cómo proteger la voluntad libre del pueblo dominicano de ejercer un derecho constitucional que está protegido y garantizado no solo en la Constitución, sino que también es un derecho universal en todas las democracias modernas.
