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Desde que el pasado 28 de octubre, cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) proclamó oficialmente al presidente Luis Abinader candidato a la reelección, como si fueran piezas perfectas de un rompecabezas, se han ido sucediendo escándalos de diversos tonos en el equipo de gobierno.
Apenas iniciado noviembre se han sucedido casos de acusaciones de corrupción en el diversas dependencias del Estado que han venido a quitar la paz al presidente, que se ha visto en la obligación de suspender a los directores de Promipyme y el Acuario Nacional.
Porfirio Peralta, director de Promipyme, fue destituido tras verse envuelto en un escándalo por la venta de boletos para una rifa que buscaba recaudar «fondos para la campaña reeleccionista», mientras que la misma suerte corrió Wanda García, directora del Acuario Nacional, luego de un reportaje de la periodista Nuria Piera que devela un manejo inadecuado de los recursos de dicha entidad.
El «ojo del huracán» se movió hacia el Intrant, obligando a Hugo Beras a tomar una «licencia voluntaria» en medio de un mayúsculo escándalo luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato que había suscrito con Transcore LATAM, S.R.L. para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.
Como si esto no fuera suficiente, el pasado 18 de noviembre, en medio de los fuertes aguaceros que provocaron inundaciones en la capital y otros pueblos, una de las paredes del túnel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez colapsó aplastando a cinco vehículos y saldándose con la vida de nueve personas, situación que provocó una avalancha de críticas al Gobierno, especialmente en las redes sociales, en las que se señalaba negligencia al no dar el mantenimiento adecuado a la obra.
Pero si los casos señalados han provocado justificadas críticas, la más reciente crisis, que envuelve a uno de los funcionarios más relevantes del equipo del presidente Luis Abinader, tiene visos de ser una campaña orquestada no solo contra el gobierno, sino contra Bartolomé Pujals, que fue tuvo una participación destacada en la Marcha Verde y su carrera política ha ido en ascenso desde entonces.
El joven director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha tenido que salir al frente de las acusaciones que le señalan presuntas irregularidades en un proceso de licitación para contratar los servicios de la empresa Health Gorilla DR, S.R.L., vinculada a un hijo de una conocida presentadora de televisión. No ha sido suficiente que el destacado funcionario explicara, en un informe y un comunicado publicado en los medios, que no hubo violación a la Ley de Contrataciones Públicas, y por el contrario, se actuó apegado al rigor de la normativa. Tampoco fue suficiente la detallada explicación de Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, que afirmó que las denuncias que circulan en las redes sociales son infundadas y carecen de un análisis técnico y legal con niveles de rigor.
En este caso, al parecer se pretende aprovechar el mar revuelto de los mencionados escándalos para ejecutar un «dos por uno», es decir, afectar la imagen del gobierno y mejor, sacar de circulación al eficiente Bartolomé Pujals, a quien muchos desean cobrarle la afrenta de haber sido parte importante del liderazgo del movimiento cívico Marcha Verde y uno de los jóvenes funcionarios que se proyecta con gran potencial en su carrera política, condición que desata celos no solo afuera, sino dentro del mismo gobierno.
