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Carolina Ramírez Herrera se erige como un referente destacado en la esfera de la seguridad ciudadana, la inteligencia y, más recientemente, también en lo relativo a la polémica reforma policial. Con una singular gracia para abordar temas complejos, se autodenomina como la «mujer seguridad», en sus conversaciones logra transmitir conocimientos valiosos sobre asuntos sensibles. Escucharla hablar es una experiencia educativa gratificante, especialmente al tratar cuestiones cruciales para la sociedad. Lo hace con pasión, como suele hacerlo una persona que denomina los temas que aborda.
En una entrevista con País Político, Carolina Ramírez Herrera analizó a fondo la nueva ley de inteligencia nacional, destacando la carencia de leyes fundamentales esenciales para fortalecer el sistema jurídico en la lucha contra el crimen organizado a nivel global. La especialista advierte sobre la reticencia de los candidatos presidenciales a abordar con profundidad la seguridad ciudadana, atribuyéndole esa postura al temor a perder apoyo en sectores sensibles. Sus reflexiones ofrecen una mirada crítica y esclarecedora sobre los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea en materia de seguridad y justicia.
¿Cuál es el impacto del artículo 49 de la Constitución en la nueva ley de inteligencia nacional, especialmente en relación con el secreto periodístico?
La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que regula el Sistema Nacional de Inteligencia no lesiona en ninguna manera no solo el artículo 49 sino cualquier otro derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República.
La entrega de informaciones, en relación con el polémico artículo 11, según se precisa en su párrafo IV deberá realizarse siguiendo estrictamente los procedimientos de ley. Por lo que no veo complicaciones jurídicas mayores. Sin embargo, debido a las preocupaciones generadas, considero de rigor aclarar algunos puntos.
El artículo 49 de la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Este derecho es fundamental para el ejercicio de la democracia y garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la información veraz y oportuna.
El secreto periodístico es el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información. Este principio es fundamental para el ejercicio del periodismo independiente y garantiza que los periodistas puedan obtener información importante y de interés público sin temor a represalias. Sin embargo, la nueva ley de inteligencia nacional ha despertado inquietud sobre si esta protección se verá comprometida.
En la ley de inteligencia nacional se establecen medidas para prevenir y combatir el terrorismo, la delincuencia organizada y otras actividades ilícitas. Estas medidas incluyen la recolección y análisis de información por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin embargo, ha surgido el debate sobre hasta qué punto se podrían afectar los derechos fundamentales, como el secreto periodístico, en aras de la seguridad nacional.
Es importante tener en cuenta que el secreto periodístico no es absoluto y en todos los países puede estar sujeto a limitaciones en situaciones excepcionales, como la prevención de actos terroristas o la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, es fundamental que estas limitaciones estén bien definidas, sean proporcionales y estén sujetas a un control normativo efectivo para evitar abusos y garantizar el respeto a la libertad de prensa.
Considero natural y comprensible que este tema genere preocupación y debate en la sociedad. Por lo tanto, es fundamental garantizar el respeto al secreto periodístico y que cualquier limitación a este derecho esté claramente definida y sujeta a un control judicial efectivo. Solo así podremos preservar la libertad de prensa y el acceso a la información veraz y oportuna, pilares fundamentales de nuestra democracia.
¿Cómo afecta la nueva ley de inteligencia nacional a la regulación y funcionamiento de la seguridad privada?
La función esencial del Estado es proporcionar seguridad a toda la ciudadanía. Las actividades de seguridad privada se desarrollan dentro del marco de las prerrogativas que cada ciudadano o empresa tienen de protegerse legítimamente ante riesgos y amenazas que pudiesen afectar su integridad o patrimonio. Contar con un marco que normalice el quehacer de las fuerzas de seguridad del Estado en lo concerniente a la inteligencia traerá aspectos positivos, ya que permitirá que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como otros órganos vinculados a la supervisión de la seguridad privada se desenvuelvan con mayor eficacia.
En ese sentido, parece muy positivo. Debido a que con la puesta en vigencia de esta nueva ley, ya se limita la posibilidad de que personas que se dedican a la seguridad privada o la investigación como detectives privados puedan hacerse pasar por agentes de inteligencia de esta nueva DNI para recabar determinada información, como pudo ocurrir en el pasado. Porque ahora tenemos una ley que lo sanciona. Sin embargo, hace falta que aprobemos la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras tantas vinculadas estos temas que han permitido en múltiples ocasiones, por no decir que duermen el sueño eterno.
¿Cuáles son las implicaciones de la ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia en las medidas de seguridad pública implementadas en el país?
La ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia tiene importantes implicaciones en las medidas de seguridad pública implementadas en nuestro país. Esta ley establece la creación de un organismo encargado de recopilar y procesar información de inteligencia para prevenir y combatir amenazas contra la seguridad nacional. Con un enfoque moderno, priorizando la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la norma y los procedimientos, en sus investigaciones.
Una de las implicaciones más significativas es el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia del Estado. Instruye a dotarle de personal capacitado y recursos tecnológicos para recolectar información, que permitan una mejor identificación de posibles amenazas y respuestas más efectivas por parte del Estado.
Además, la ley 1-24 establece la colaboración y coordinación entre diferentes agencias de seguridad y organismos de inteligencia nacionales e internacionales. Esto es fundamental en un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas de seguridad trascienden las fronteras nacionales. La colaboración con otras naciones permitirá un intercambio de información y experiencias que contribuirá a mejorar las capacidades de seguridad de nuestro país.
¿Qué disposiciones aborda la nueva ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia en cuanto a la ciberseguridad y la protección contra amenazas digitales?
La República Dominicana ha visto con preocupación el fenómeno de la seguridad cibernética y protección de las infraestructuras críticas y servicios esenciales, definiéndola como una de las prioridades para garantizar la seguridad nacional. Esta es una corriente que no solo ha asumido la República Dominicana, puesto que los ataques cibernéticos se han estado utilizando como expresiones de poder por parte de otras naciones en el ámbito geopolítico. Recordemos que esta misma administración enfrentó un grave problema de ciberseguridad con la Dirección General de Presupuesto y más recientemente la Dirección General de Migración, con serias repercusiones no solo en la ciudadanía, sino en el ámbito internacional.
La nueva ley 1-24 aborda varias disposiciones relacionadas con la ciberseguridad y la protección contra amenazas digitales. Establece la obligación de los proveedores de servicios de internet y las empresas de telecomunicaciones de colaborar con la DNI en la detección y mitigación de amenazas cibernéticas.
También aborda disposiciones importantes relativas a la gestión del Centro Nacional de Ciberseguridad, instruye la creación de un equipo especializado en delitos cibernéticos, en la DNI, encargado de investigar y perseguir los delitos cometidos a través de medios electrónicos, como el fraude electrónico, la pornografía infantil y los ataques informáticos.
Adicionalmente, la ley establece la obligación de las entidades públicas y privadas de implementar medidas de seguridad informática adecuadas para proteger la información y los datos personales que manejen. Esto incluye la creación de planes de contingencia ante posibles ataques cibernéticos. Entre las innovaciones se encuentra que la DNI podrá apoyar a otros organismos del Estado que ya abordan esta problemática con informes estratégicos y con la formulación de propuestas para robustecer los mecanismos de defensa nacional.
Por otro lado, la ley de libre acceso a la información establece que existirán informaciones de carácter reservado por la sensibilidad que tienen para la Seguridad Nacional, sin embargo, no aborda con claridad los aspectos de su clasificación. Con esta nueva ley, sumado a su reglamento de aplicación, la DNI podría apoyar la identificación, clasificación y salvaguarda de la información que produce el Estado, cuya publica divulgación podría traer una repercusión en la seguridad nacional.
¿Cuál es la perspectiva del libro del PHD sobre seguridad ciudadana en relación con los desafíos y soluciones en este ámbito?
Me parece que está muy bien expuesta en la contraportada, con gusto citaré: «La seguridad ciudadana representa, actualmente uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. Su compleja dinámica la hace transformarse constantemente, desde la delincuencia común hasta acciones violentas socialmente más complejas, como el incremento de crímenes transnacionales y, más recientemente, el ciberdelito. Este desafío ya supera las fronteras materiales y los abordajes tradicionales, aceptando hoy que las estrategias y soluciones ya no son de la sola responsabilidad de los Estados, sino que deben ser asumidas por todos los sectores de la vida nacional y por la comunidad internacional.
El libro La seguridad ciudadana en la República Dominicana, pasa revista a las estrategias de combate, el estado actual y las líneas generales de las causas y efectos de la inseguridad ciudadana en diversos países de América Latina y el Caribe.
Un selecto grupo de expertos internacionales nos ofrecen valiosos testimonios narrados por quienes han protagonizado la lucha contra la violencia y la inseguridad en procesos trascendentales del continente, como la lucha contra la violencia en Colombia, la nueva estrategia de paz contrastada a la fuerte represión en México, la estrategia integral de seguridad ciudadana que actualmente ejecuta el Estado y el excepcional Plan de Control Territorial contra las pandillas en El Salvador.
Completan la obra tres magistrales exposiciones de especialistas dominicanos en distintos ámbitos; localmente, la seguridad personal y privada y sus principios básicos y los cambios claves que deben implantarse para un modelo de convivencia basado en la comunidad. De manera especial, nos presenta un exitoso e innovador plan de acciones policiales focalizadas implementado por el Comisionado de Policía de Newburgh, Nueva York.
Este libro, sin dudas, constituye una obra de consulta indispensable sobre el tema de la seguridad ciudadana y un aporte desde la República Dominicana para contribuir a crear una cultura de paz y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos del mundo.
¿Qué objetivos y temas se esperan abordar durante el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader sobre la nueva ley del DNI?
El diálogo con la ciudadanía siempre es importante. Y más para discutir aspectos doctrinales seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia; conceptos que históricamente han sido mal utilizados. Por lo que (aunque no formo parte de esa convocatoria) como especialista en el tema, debo decirte que me parece oportuna y atinada la actitud del presidente Luis Abinader.
Entiendo que el equipo anfitrión debería centrarse destacar los aspectos en que la ley respeta libertad de prensa, como pilar fundamental para una sociedad democrática y mostrarse receptivo a las inquietudes de los convocados. Es importante que se despejen las dudas y se hagan los ajustes de procedimientos necesarios para que la nueva ley no afecte negativamente esta libertad constitucional.
Pienso que las discusiones también deben girar en torno al uso eficiente de los recursos del Estado, la eficacia de las políticas públicas en la prevención e investigación de delitos, el respeto a los derechos fundamentales, las garantías constitucionales del libre ejercicio de la prensa, esa es una sana inquietud que debe ser aclarada por parte de los Poderes del Estado, porque la libertad de expresión y el ejercicio del buen periodismo son pilares fundamentales de la paz social que goza este pueblo.
Veo este espacio de diálogo como una oportunidad de acercamiento cordial, que llega en buen momento, para empezar a desmitificar el aura oscura que históricamente han tenido los servicios de inteligencia en Latinoamérica y muy particularmente en este país.
Creo que la ciudadanía espera que este diálogo sea un espacio de concertación en el que se escuchen todas las voces y se logren consensos que beneficien a nuestra sociedad.
¿En qué etapa se encuentra actualmente la reforma policial en la República Dominicana y cuáles son los cambios clave que se están implementando?
El gobierno ha centrado los esfuerzos para abordar el complejo desafío de la seguridad ciudadana, en la Policía Nacional, situación que, en mi opinión genera en la población unas expectativas, desproporcionadas de que la policía es la «solución» a todos los males o el «malo de la película», dependiendo de la situación.
Para la gente común, en esta gestión, el sinónimo de un plan para la seguridad ciudadana ha sido la reforma policial, cosa que considero un absurdo, porque la policía es una pieza importante del rompecabezas, pero solo eso: «una pieza», ni siquiera «la pieza», porque, en todo caso «la pieza» debería ser el ciudadano. Pero como eso no fue lo que me preguntaron, ¡volvamos al tema!
El presidente, en su alocución ante los miembros de la Asamblea Nacional, en la rendición de cuentas de su tercer año dijo que la única manera de cambiar por completo el sistema es mediante la formación y la educación de la policía. Pero tomará tiempo.
En ese contexto, destacó que esta reforma se basa en tres aspectos básicos: el cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de los agentes y de sus capacidades profesionales.
Pienso que se ha avanzado, no tanto como deberíamos, pero algo se ha avanzado. Aunque no se sabe nada del fideicomiso de la Policía Nacional, le han reducido el presupuesto a capacitación y la ciudadanía tiene muy poca información de cómo se están gestionando los recursos, de la reforma policial, porque ante cualquier solicitud de información pública, con bastante ligereza se suele apelar a los privilegios de los asuntos de seguridad nacional.
¿Por qué los candidatos presidenciales evitan debatir sobre seguridad ciudadana en la arena política?
Una posible razón es que la seguridad ciudadana es un tema complejo y multifacético. No se trata solo de aumentar el número de policías en las calles o de endurecer las penas para los delincuentes. También implica abordar las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad social.
Además, hablar de seguridad ciudadana implica reconocer que aún existen desafíos en este ámbito. Aunque se han realizado avances significativos en la reducción de la delincuencia en los últimos años, todavía queda mucho por hacer. Algunos candidatos pueden evitar el tema para evitar ser responsabilizados por los problemas actuales o para evitar ahuyentar a posibles votantes.
Otra posible razón es que la seguridad ciudadana puede ser un tema delicado y polémico. Si bien todos estamos de acuerdo en la importancia de sentirnos seguros en nuestras comunidades, puede haber diferencias en cuanto a las estrategias para lograrlo. Algunos candidatos pueden preferir evitar el debate para evitar confrontaciones o críticas.
Pienso que pueden ser varias las posibles razones por las cuales los candidatos presidenciales evitan debatir sobre seguridad ciudadana en la arena política.
Desde la complejidad del tema hasta el temor de enfrentar críticas, estos factores pueden influir en su decisión. Sin embargo, es importante que como ciudadanos y votantes exijamos a nuestros líderes que aborden este tema de vital importancia para nuestro país. Juntos, podemos trabajar hacia un futuro más seguro y próspero para todos.
