Comparte Este Artículo
Las campañas se escenifican en terrenos hostiles, en suelo minado donde los candidatos con más recursos pueden literalmente explotar a sus adversarios, incluso a los de su propio partido cuando está en juego el voto preferencial. Todo eso puede elevarse a la potencia, si quien sale a combate es una persona que utiliza muletas o bastones, o si se tiene que valer de una silla de rueda para su desplazamiento o si tiene una discapacidad visual.
Pero ninguna de esas barreras impidieron que 26 personas con alguna discapacidad salieran al ruedo en las elecciones del 2020, un proceso muy peculiar en el que también debieron soltear las complicaciones de ejecutar la campaña en medio de una pandemia. Ese grupo se inscribió en los procesos de prmarias o asambleas de delegados para seleccionar las candidaturas en cinco partidos: Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Cívico Renovador, y por el Movimiento Independiente, por Nigua (San Cristóbal).
El derecho de las personas con discapacidad está consignado en la Constitución, y en la convención sobre los derechos para este segmento de la población establecido por la ley 05-13. Del sistema de partidos solo dos organizaciones cuentan con estructuras formales que trabajan este tema: el PLD tiene una subsecretaría y la Fuerza del Pueblo una dirección.
Federico Corporán, vicepresidente de la Fundación ProBien que trabaja de cerca desde hace más de veinte años con estos políticos con alguna discapacidad, asegura que estas estructuras partidarias «aún son muy débiles». Con el tiempo, escuchando los testimonios de quienes han vivido estos procesos, «ellos se quejan que no se les considera como candidatos, y cito una frase muy recurrente, ‘nos utilizan para completar’ las boletas electorales».
Las barreras que deben derrivar es el poco apoyo económico que reciben en comparación con los demás candidatos. Como consecuencia –relata Corporán– la asignación de recursos no se hace equitativamente, se les excluye o bloque, por ejemplo, no se les publicita con fotografías o videos de la campaña oficial del partido al que pertenecen.
Si a un candidato con discapacidad físico-motora, que usa silla de rueda para su desplazamiento, se le dificulta el desempeño efectivo de llevar una campaña con todas las de la ley, es más desafiante para un político con discapacidad visual. En las elecciones municipales pasadas, se presentaron tres personas ciegas en los procesos internos, de los cuales solo uno fue candidato oficialmente.
«Las actividades, casi siempre, se llevan a cabo en espacios que no son accesibles para estas personas», se lamenta Federico Corporán. «A eso hay que sumarle que a una persona con discapacidad se le dificulta someterse a las largas jornadas de accionar, poder movilizarse» para entrar en contacto con el electorado, como sí puede hacerlo una persona que no sufra alguna de estas limitaciones.
La Fundación ProBien, que tanto colabora con los partidos en la elaboración de propuestas y programas de gobierno a favor de este segmento de la población, y también ayuda a las personas con aspiraciones, ya sea en la redacción de discursos, comunicados de prensa o cualquier otra asignación, inició un vínculo con ellos cuando ya estaban involucrados en la política, «tienen una historia en el oficio, independientemente de nosotros», sostiene Corporán, «nosotros ni intentamos ni buscamos agrupar a nadie, nos reunimos para capacitarlos pero ninguno de ellos tienen un vínculo o interdependencia con nuestra organización».
La Junta Central Electoral entró en la discusión abanderada con el interés de mejorar los procesos vinculados directamente con los aspectos organizativos de las elecciones. Para ello, convocó a una primera reunión a directivos de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con distintos sectores, en la que también participaron políticos que fueron candidatos en las pasadas elecciones.
Sobre la actitud que afrontaron algunos de los doce candidatos por parte del personal de las mesas electorales, de acuerdo a testimonios expuestos en la reunión, se quejaron de la negación del presidente de mesa a utilizar las urnas auxiliarias, la calificación como voto observado, las boletas de las personas con discapacidad visual que se apoyaron en un acompañante de confianzar y que no se respetaba la preferencia cuando estaban en las filas.
La discapacidad no es un tema que usan como cebo para pescar el voto. La mayoría de estos candidatos, cuenta Corporán, no llevan la bandera de persona con una condición especial, salen a las calles en sus comunidades para hacer la campaña como cualquier otro aspirante. «Su discurso como propuesta está sustentado en un programa que nada tiene que ver con el deseo de ganar una posición electiva para cambiar el mundo de los de su clase. Ni siquiera se refieren al tema en su narrativa».
Federico Corporán se muestra pesimista con relación a un incremento de candidaturas para las elecciones del 2024, aún con los modestos avances en el sistema de partido y la cultura ciudadana, cree que todavía falta un gran trecho por recorrer. «No creo que surjan nuevos candidatos, más allá de la cantidad que participó en las pasadas elecciones», pronostica muy seguro. «De hecho, de ese grupo inicial, algunos ya manifestaron que no volverán a competir porque no aguantan la presión partidaria y debido al alto precio económico que supone asumir una candidatura. El sentimiento entre todos ellos, y ese es un aspecto positivo, es que sí seguirán involucrados en los procesos internos, con el objetivo de romper el techo en las estructuras. Ascender en las posiciones en sus organismos de dirección».
De los 26 aspirantes a candidaturas que se midieron en los procesos internos de los partidos, doce ganaron un puesto en la boleta, de los cuales solo cuatro –todos regidores– cerraron con éxito su participación en el 2020. En Samaná, Diómedes González Ciprián, de 58 años, ganó por el PRD pero pocos meses después se juramentó en el PRM; en Las Matas de Santa Cruz (Montecristi), Juan Carlos Acosta, de 42 años, por el PLD; en San Cristóbal, Leonardo Díaz Valdez, de 48 años, también peledeísta; y otra persona del ayuntamiento municipal de Vallejuelo.
Puntos a mejorar en los procesos
En la votación
Las organizaciones que participaron en la reunión con el pleno de la Junta Central Electoral propusieron que los mecanismos de votación para una persona con discapacidad debe considerarse el uso de la plantilla, no solo para ellos, sino para toda persona que por diversas razones la plantilla de votación facilita marcar la casilla deseada sin que su condición interfiera, como los pacientes con Parkinson, por ejemplo. Usar mesas auxiliares, con ajuste por altura, sobre todo para los usuarios de silla de rueda, baja estatura o con dificultades para estar de pie.
Gestión de la comunicación
Sugirieron la difusión de informaciones oportunas en lengua de señas; «ni en la formación ciudadana, ni en los anuncios se utilizan; difundir las medidas-ajustes razonables para la votación de las personas con discapacidad, tanto de la JCE como por parte de los partidos. «Estos deben ser incorporados a las formaciones del personal de las organizaciones políticas y del personal de la Junta, no solo emitir una resolución». Argumentan que la información dentro de los recintos es «poco clara», la ubicación de los afiches y carteles no facilita su lectura, el personal que orienta no maneja la lengua de sñas, tiene las orientaciones para brindar un trato digno a estas personas. Se lamentaron que enlos anuncios y la propaganda de los partidos «no se visibilizan a las personas con discapacidad que son candidatos», aspiran a una competencia en igualdad de condiciones «en el imaginario colectivo» para todos los aspirantes.
