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El tiempo de la definición de las candidaturas será uno de los más retadores para los partidos políticos, que deben ser un pilar de la democracia, y que como parte de su función está, aportar al fortalecimiento de la institucionalidad, modelar en el plano ético y moral, y llevar un buen comportamiento en el ejercicio de la transparencia.
Es un escenario muy delicado el que se le ha presentado a estas organizaciones, con la aspiración para ostentar candidaturas que en la actualidad están asignando los partidos, sea por el método de reserva, por encuesta o solamente por el señalamiento «de dedo», del liderazgo que lo dirijan.
En la actualidad, dos de los partidos denominado mayoritarios, enfrentan serias situaciones de cuestionamientos, por la asignación de candidaturas a personas que, han estado o estaban en proceso de investigación del Ministerio Público debido a sospechas de haber cometido acciones que riñen con las leyes dominicanas.
Los casos más sonados en la actualidad son los de la diputada por la provincia de La Vega, representado al Partido Revolucionario Moderno, y el de Julio Romero, ex diputado y actual precandidato a alcalde por Santo Domingo Este, quien tendría reservada esa candidatura por el Partido Fuerza del Pueblo.
Estos casos son de los que han salido, a pesar de que la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), del Partido Revolucionario Moderno, PRM, había anunciado que remitió a la Embajada de los Estados Unidos, los organismos de inteligencia del Gobierno, e instituciones como Participación Ciudadana, su lista de aspirantes a candidaturas para que estos la depuraran y le notificaran si alguno tenía asuntos pendientes con la justicia, lo cual proyectó como un acto de transparencia institucional.
En este mismo ambiente, el organismo electoral del PRM rechazó la inscripción de la actual legisladora Rosa Amalia Pilarte para obtener su precandidatura para reelegirse como diputada por la Circunscripción 1 de La Vega, debido a que el Ministerio Público formalizó la solicitud de medida de coerción en su contra, por ser investigada bajo la acusación de «lavado de activos provenientes del narcotráfico». En este caso, su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), es acusado de dirigir una organización criminal, a la que se vincula a la dirigente política.
No muy lejos, pero en una escena de cuestionamiento, se encuentra el Partido La Fuerza del Pueblo, por elegir como candidato a la posición de alcalde de Santo Domingo Este, a Julio Romero, quien ha tenido acusaciones por diferentes delitos, incluyendo el de llevar una relación con una menor de edad, caso destapado por la periodista Alicia Ortega.
