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Por más que cambien los tiempos, no es una información digerible y aceptable que los partidos políticos anuncien con «fuegos artificiales», que ellos envían la lista de precandidatos a una embajada, sea cual fuere, en este caso, la norteamericana, para que sea ella quien asuma la responsabilidad de depurar y devolverles el resultado del escrutinio, para ellos determinar que sus posibles candidatos están limpios de sometimientos, o les certifiquen que no poseen casos pendientes por narcotráfico, lavado de activos y u otras acciones que riñen contra la ley de la República Dominicana o del país del «Tío Sam».
Con esta acción, que puede parecer una táctica para no cargar con la responsabilidad que le corresponde, de informarle al político que, por su reputación, no puede postularse para ser elegido a una posición electiva. Estos la venden como un gran acto de transparencia, sin embargo, tiene una lectura inversa, de que ni los directivos, ni la organización política desean, asumir el rol de ser los coladores primarios para que los que delinquen, o tienen comportamiento políticamente incorrecto, no sean los seleccionados para dirigir puestos públicos en los poderes del Estado.
Por el Partido Revolucionario Dominicano, la Comisión Nacional de Elecciones Internas hizo el anuncio del envío del listado de precandidatos a varias instituciones, en voz del presidente de esta, Deligne Asención, dijo que «para conocer la vida personal de cada uno de los aspirantes, se ha enviado el listado a la Embajada de los Estados Unidos, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Procuraduría General de la República»…, y así continúo.
Ante la reacción de varios voceros de partidos de oposición, José Ignacio Paliza, presidente del PRM exclamó: «Jamás pensé que la oposición tuviera problemas con la transparencia».
El problema no es que ellos como entidad envíen aquella lista que contiene 4,392 postulaciones para realizar un escrutinio de parte de las instituciones dominicanas del Estado, no, la disposición de remitirla a una embajada, que representa a otro gobierno, a otro país, y a otras directrices políticas, refiere a un problema de soberanía, que el PRM legitima como si fuera correcto, y no lo es.
