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Desde la llegada al poder en agosto de 2020, el Presidente Luis Abinader ha debido enfrentar con mano dura, temas que son de principal orden para del desarrollo económico y social del país. Uno de ellos tiene que ver con la política migratoria. A propósito de las crisis más recientes que sacude la nación hermana, el territorio se ha visto afectado por la llegada masiva de haitianos que procuran sobrevivir y encontrar mejor condición de vida de este lado de la isla.
Se han insertado en el aparato productivo nacional, desde la agricultura, hasta la industria de la construcción. Los haitianos ocupan un gran número de las plazas en las escuelas públicas del país, y en los hospitales el número de parturientas es cada vez mayor.
El Presidente Luis Abinader, en su discurso ante la Asamblea Nacional en el día de ayer para rendir cuentas a la país por estos tres años de gobierno, hizo especial énfasis en la necesidad de que para tratar y buscar soluciones definitivas e integrales exista una intención real de asumir entre las fuerzas vivas de la nación una pacto nacional.
El mismo que ha venido planteando desde el año pasado y que no ha encontrado apoyo en los demás sectores, puesto que hay «mucha hipocresía en cuanto a la aprobación de un pacto nacional migratorio que controle el ingreso de nacionales haitianos a nuestra parte de la isla», tal y como lo afirmó en octubre del 2022.
El mandatario dio esas declaraciones en un acto en Dajabón en el que también indicó que muchos se presentan favorables a lograr un consenso respecto al tema, pero desde notan que podrían ser afectados se niegan.
«En los próximos días este país tiene que discutir un pacto nacional migratorio, porque aquí hay mucha hipocresía también sobre eso. Y aquí hay gente que habla y dice del control migratorio y después, cuando va a migración, y se lleva los obreros que tienen dicen que no», manifestó.
Sin embargo, el jefe de Estado reiteró con contundencia este llamado en la rendición de cuentas de manera que juntos, se logre una «política de Estado, firme, estratégica y uniforme que proteja y brinde confianza al pueblo dominicano».
Uno de los factores que ha incidido en el aumento de la migración irregular en el país tiene que ver con que República Dominicana no ha contado con una política migratoria definida, tal y como lo ha señalado el Presidente de turno, afirmando que el problema se remonta a los años de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. No obstante, luego de escuchar su planteamiento ante la Asamblea Nacional, la construcción de la valla fronteriza, se plantea como una necesidad y posible primer impulso de solución al tema de la migración haitiana en el que además sí se logró un consenso.
En el 2022 se comenzó a construir 54 kilómetros, en las zonas de mayor población, que estarán terminados el próximo mes de mayo.
«Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación», aseguró.
En ese sentido, informó que este pasado año se ejecutaron 171,000 deportaciones frente a las 85,000 realizadas en 2021, lo que supone un incremento del 102 %. En el 2019 las deportaciones fueron 67,400 y por poner los datos en perspectiva, en 2011 de 8,636.
El mandatario destacó que por primera vez están sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes y citó como ejemplo de esto, la Operación Frontera, conocida desde la pasada semana con diversos apresamientos y que manifestó, va a continuar sin contemplaciones.
«Quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestra soberanía», advirtió.
El mandatario resaltó el importante impacto que ha tenido el activismo de República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a la situación haitiana.
Agregó que las posiciones expuestas por la representación dominicana en las asambleas de la ONU, en las sesiones del Consejo de Seguridad y en otros organismos internacionales han sido enfáticas sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan.
A la espera de consenso
«Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no actúa», sentenció Abinader.
Y agregó: «Por eso, les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país, que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía».
Pero el Presidente pone sobre la mesa una vez más la idea de un pacto en un momento político en que será cuesta arriba lograr que los demás líderes de la oposición se sienten en la mesa del diálogo. Todo ello debo a que la campaña electoral cobra fuerza, a menos de un año de las elecciones municipales y poco más de 13 meses para las presidenciales, cuando cada quien está remando para impulsar su propio barco, sus propias candidaturas, sus propias propuestas.
El jefe de Estado sostuvo que se deben adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como de política exterior, en relación a la crisis de Haití.
Esto implicaría necesariamente, indicó, asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional.
En lo inmediato, propuso adoptar un mecanismo de consulta permanente, que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero si debe ser confiable, efectivo y ágil, entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con la agenda de poderes foráneos y organismos internacional tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación.
