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La justicia es el eje fundamental de la democracia, en tanto garante de los derechos de todos los ciudadanos, pues su carácter universal supone la prevalencia del principio de tratar a los ciudadanos en calidad de iguales ante la ley.
Sin un sistema de justicia eficiente la vida en civilización no es posible, regresaríamos a la barbarie, donde el más fuerte, el que detenta el poder o simplemente el de vocación delincuencial se impondría al más débil o al que desea vivir con decencia.
Una de las luchas que los sectores progresistas han enarbolado con mayor tesón, y grandes sacrificios, ha sido precisamente por el imperio de la ley y la justicia. Sin necesidad de ir tan lejos como a los tiempos de las dictaduras, fresco está aún las grandes jornadas de lucha del pueblo dominicano que copó las calles y plazas públicas desde el 22 de enero de 2017 en lo que pronto se denominó la Marcha Verde.
Si bien centenares de miles de personas en todo el territorio nacional se manifestaron de distintas maneras contra la corrupción, lo cierto es que la mayor demanda de los ciudadanos de nuestro país puso énfasis en un reclamo puntual: el fin de la impunidad.
El pueblo entendió claro que el mayor problema nuestro no es la corrupción, sino la impunidad, que deviene de la burla a la justicia que brinda el acceso indecente al poder político, económico y militar.
La impunidad es el mal mayor. Representa la imposibilidad del imperio de la ley, de un régimen de consecuencias para quien viola la ley, provocando daño a la sociedad o al individuo.
Antendiendo al clamor popular expresado en la Marcha Verde, el Presidente Luis Abinader, en su primera decisión una vez juramentado, escogió a doña Miriam Germán para la posición de procuradora general de la República, a Yenny Berenice Reynoso como procuradora adjunta, así como a Wilson Camacho, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el mandato expreso de actuar de manera independiente en la persecución del crimen y la impunidad.
Desde entonces, el Ministerio Público ha iniciado procesos judiciales contra figuras que antes era impensable verlos en un banquillo de acusados, mucho menos conocer los detalles de sus actos delictivos. Para algunos era imposible, tocar figuras de poder señalados como autores de delitos contra la cosa pública suponía un acto que provocaría ingobernabilidad. Retumba en la memoria colectiva la frase del entonces presidente Hipólito Mejía, quien llegó a decir que los presidentes «no me lo toquen», o de Leonel Fernández que reconocía las Fuerzas Armadas era una institución «corrupta», pero que él creía que si destituía a los jefes militares corruptos podría ser depuesto como gobernante.
Al día de hoy, la sociedad está expectante, quizás algo decepcionada con procesos que lucen extensos, pero esperanzada de que iniciamos la marcha hacia una justicia real, aunque el camino es largo, y tiene muchos obstáculos.
