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El proceso electoral que se avecina se vislumbra como uno de los más retadores de la historia democrática reciente, varios partidos se disputan la Presidencia, mientras que el partido oficial, Revolucionario Moderno, deberá demostrar que tiene temple para gobernar por cuatro años más bajo la directrices de Luis Abinader y trabaja en pos de la reelección del mandatario que ha establecido en dos años y medio un estilo muy particular de gobernar.
En el banco y a la espera de jugar su mejor partido están el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, uno con experiencia sobrada de organización y estructura nacional, pero carga con un historial no muy favorecedor por ciertas acusaciones a ex funcionarios del pasado Gobierno.
Y por el otro lado, un líder con experiencia sobrada de Estado, con una estructura aún en ciernes, por lo que se les ve trabajar duro para fortalecer sus cuadros dirigenciales a nivel nacional y hacer el trabajo para el 2024.
De cara a todo este proceso que se vive sin que aún estemos en la fecha establecida para la campaña, el presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Román Jáquez junto al pleno, ha iniciado un sin número de movimientos para fortalecer no sólo en términos de logística todo el proceso, a eso hay que agregarle los esfuerzos certeros para robustecer las normativas ya vigentes en el plano electoral, -Ley de Régimen Electoral y de Partidos-, acciones contundentes de cara al fortalecimiento de los instrumentos que nos garantizarán una democracia fuerte y sostenida en el tiempo.
Estos pasos que ha estado el pleno de la JCE como parte de sus funciones como órgano, de alguna manera, establecen un blindaje de cara al proceso del 2024.
En el día de ayer y dando seguimiento luego de que el pasado 20 de diciembre el Senado de la República aprobara de urgencia y en dos lecturas el proyecto de Ley Electoral, el pleno de la junta se reunió para conocer las enmiendas de esta pieza que ahora deberá ser conocida y sancionada en la Cámara de Diputados.
El senador por Sánchez Ramírez Ricardo de los Santos, presidente de la comisión especial que conoció el proyecto, hizo énfasis que la iniciativa »busca delimitar de forma clara y precisa las competencias de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral (TSE)».
El magistrado citó que entre los aspectos más relevantes de la pieza figura la coordinación y preparación de la logística del proceso electoral, las garantías de los derechos políticos y la celebración obligatoria de audiencias periódicas con los representantes de los partidos políticos.
Por otro lado, el proyecto de ley Orgánica del Régimen Electoral establece que el representante del Ministerio Público que resulte designado como titular de la Procuraduría Especializada de la Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales tendrá cuatro adjuntos provenientes de la carrera del Ministerio Público y que hayan participado en el concurso público.
Ciertamente cuando hablamos de procesos de cara a una contienda electoral, no sólo los partidos políticos viven en carne propia, delitos electorales, ante esta situación los más afectados son los propios candidatos a posiciones electivas y el pueblo, que entendiendo la importancia de cumplir con el deber y derecho de votar por los que quieren que les representen acuden confiados en el proceso, sin imaginar, que eso es lo más sencillo del proceso.
Luego las largas horas de espera, que se han tornado en días, semanas y meses -en años anteriores- a la espera de resultados, los candidatos que deben cubrir bajo su responsabilidad a quien les defienda su voto ya en el escrutinio final.
Estamos expectantes ante estas enmiendas realizadas a las normativas vigentes como la Ley Electoral, de manera que sirvan para no solo blindar el proceso como tal y asegurar que todo fluya como debe ser el día D, sin mayores contratiempos y amarres por debajo de la mesa. Esperamos que de igual manera sirva para blindar de una vez por todas la democracia dominicana, que tanto necesitamos sostener y mantener hoy más que nunca.
Lo que busca el proyecto
La iniciativa contempla castigar los delitos electorales agravados, establecer sanciones por violaciones penales; que el titular de la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales tenga cuatro adjuntos y que en cada provincia exista al menos dos fiscales electorales.
El proyecto de ley Orgánica del Régimen Electoral establece la figura de los delitos electorales agravados, en su artículo 298, que serían castigados con prisión correccional de 3 a 10 años y multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público.
Entre la lista de nueve delitos electorales agravados figuran los que de forma dolosa se nieguen a incluir o dejar de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección, el nombre de algún candidato que debe figurar en ellas.
