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La convocatoria a una jornada de protestas por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que incluye la paralización de la docencia en todo el territorio nacional, pone en evidencia que hay maestros que no han aprendido las lecciones fundamentales sobre el derecho a la educación y el rol esencial que juegan en garantizarlo.
La Constitución dominicana consagra en su artículo 63 el derecho de toda persona a una educación integral, de calidad y en igualdad de condiciones, estableciendo que el Estado tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales. Este mandato constitucional es claro y no deja lugar a interpretaciones: las clases no pueden ser suspendidas, pues esto viola el derecho fundamental de los estudiantes.
Pareciera que algunos docentes han olvidado que escogieron una de las profesiones más nobles y de mayor impacto social. Ser maestro es tener el privilegio y la enorme responsabilidad de formar a las futuras generaciones. No es un trabajo cualquiera del que uno pueda ausentarse a discreción. Cada día de clases perdido es una oportunidad de aprendizaje que no se recupera, un paso atrás en la senda del desarrollo personal y colectivo.
En 2014, dominicanos de todos los sectores, incluyendo a los líderes magisteriales, suscribimos el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, un hito que marcó el compromiso país con la transformación del sistema educativo. Uno de los puntos neurálgicos de este acuerdo fue el cumplimiento del calendario y horario escolar, asumido como una responsabilidad ineludible de todos los actores. Hoy, algunos parecen haber olvidado ese pacto histórico.
Es cierto que los maestros merecen salarios dignos que reconozcan la importancia de su labor. Por eso, el pacto contempló la revisión gradual de la carrera docente para lograr una remuneración justa. Pero no se puede chantajear a la sociedad con la educación de nuestros niños y jóvenes. No se puede secuestrar el derecho a aprender para conseguir reivindicaciones gremiales, por más legítimas que sean.
La educación es un bien supremo, piedra angular para el desarrollo de cualquier nación. Sin educación no hay futuro posible. Y ese futuro se construye en las aulas día tras día, con la entrega abnegada de maestros conscientes de su rol transformador. Cada vez que un educador incumple su deber, hipoteca ese porvenir que anhelamos como pueblo.
Urge que los docentes reflexionen sobre su accionar y las consecuencias que tiene. Que recuerden la razón por la que eligieron esta digna profesión y el compromiso que asumieron ante las familias dominicanas de asistir a impartir docencia con vocación todos los días. Que vuelvan a poner a los estudiantes en el centro de su quehacer. En síntesis, que reaprendan el valor sagrado de su misión.
Si queremos que la República Dominicana avance, necesitamos una escuela abierta, activa, formadora, donde los niños y jóvenes puedan desarrollar todo su potencial. Y eso solo será posible con maestros que estén a la altura del reto, que entiendan que educar no es una opción sino un imperativo ético y un mandato constitucional. Maestros que con su ejemplo enseñen la lección más importante: que nada está por encima del derecho a aprender.
