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Desde la llegada a la presidencia de la Junta Central Electoral del magistrado Román Jáquez ha existido la intención de poner los ojos en temas que han estado bajo el escrutinio público provocando grandes discusiones por años, partiendo de las posibles modificaciones de la Ley 15-19 de Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Ambas normativas, relativamente recientes, desde su aprobación trajeron consigo algunas imprecisiones que han debido corregirse en la marcha mientras llegaba el proceso electoral del 2020. Tanto los actores políticos como el pueblo que da seguimiento a estos procesos, fueron testigos de esas impresiciones que han sido objeto de fuertes críticas.
Tras el establecimiento como una de las prioridades del gobierno que encabeza el Presidente Luis Abinader y señaladas como una de las 12 –al inicio eran 12, pero ya no sabemos cuántas son– reformas son muchas las voces que entienden que no debe llegar el proceso electoral del 2024 sin que se produzca la modificación de ambas leyes y que sobre todo, que en dichas observaciones que se hacen a ambas normativas, no se deje de lado el tema de la financiación de los partidos políticos y la fiscalización de los recursos.
Así como lo ha dicho la abogada Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en una entrevista para País Político que se publica en esta edición: «Necesitamos leyes verdaderamente preventivas, sancionadoras, que fortalezcan la transparencia de los partidos, limite el uso de los recursos públicos y privados, y también permita que los partidos sean más democráticos con mayor inclusión de jóvenes y mujeres».
Voces como la de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) estableció su posición antes de aprobada la ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Dejando claro su preocupación por la «aprobación al vapor de un proyecto de partidos y agrupaciones políticas en la Cámara de Diputados tanto por el contenido, como por la forma apresurada y aparentemente violatoria de los procedimientos y reglamentos legislativos».
En ese momento, se sumaban al deseo de los ciudadanos que presionaban a través de diferentes actores, al Estado para que de una vez por todas adoptara una ley de partidos y agrupaciones políticas que contribuyera al control de la corrupción, la erradicación del clientelismo y el fortalecimiento de su democracia interna como base del ejercicio de la política, así como del fortalecimiento de los mecanismos democráticos internos para la elección de sus autoridades, pero sobre todo el fomento de una cultura de transparencia. Lo que a juzgar por todo lo que se vivió, en nada contribuyó tener esta normativa y haberla aprobado al vapor.
Alertaba en ese momento FINJUS, que «apena tener que decir que incluso con el actual proyecto aprobado se profundizarían las limitaciones en aspectos claves que conformarían una ley moderna de partidos».
En 2021, el pleno de la JCE y luego de una presión mediática por parte de los diferentes líderes de los partidos políticos tuvo que entregar a en virtud de lo que establece el artículo 61 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la contribución del Estado.
Meses antes a esta entrega, el Presidente Abinader había anunciado que en vista de la crisis sanitaria fruto de la pandemia del Covid-19, sopesaban recortar un 50 por ciento a la contribución establecida para esos fines.
El desembolso se hizo de la siguiente manera: el 80 por ciento equivalente al monto de RD$1,008.320.000, será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la última elección de los niveles presidencial, senatorial y de diputados territoriales más del exterior de 5 de Julio del año 2020.
Un 12 por ciento equivalente a la suma de RD$151,248,000 que será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento y menos del cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la última elección de los niveles presidencial, senatorial y de diputados territoriales más del exterior del 5 de Julio de año 2020.
Y un ocho por ciento equivalente a RD$ 100,832.000, distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero puntos cero uno por ciento y uno por ciento de los votos válidos obtenidos en la última elección de los niveles presidencial, senatorial y de diputados territoriales más del exterior del 5 de julio del año 2020. En total la contribución económica del Estado asciendió a la suma de mil doscientos sesenta millones, cuatrocientos mil pesos.
Luego de este paso el pleno de la JCE, emitió una declaración a través de la cual pidió la reflexión a la parte de la sociedad que, de alguna manera expresó su rechazo a la entrega de esos fondos y se comprometió a acompañarlos en un proceso de fortalecimiento institucional que implicará, entre otras, poner a su disposición la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), para la formación de sus cuadros directivos y militantes interesados en una formación política integral e íntegra; la minuciosa fiscalización del uso de los recursos financieros tanto de los recibidos de fondos públicos, como del financiamiento de particulares, a fin de prevenir el acceso de fondos ilícitos a la actividad política, particularmente del lavado de activos y del narcotráfico.
«Propósito éste que procuraremos mediante la puesta en funcionamiento de una estructura de reciente creación en la JCE, que orientará y fiscalizará con irrestricto apego a la transparencia y a los valores democráticos y a la ley el manejo de los recursos financieros por parte de los partidos políticos», enfatizó el pleno del organismo electoral.
Hoy luego de ese interés manifiesto, sigue siendo un reclamo de la sociedad y la opinión pública, la necesidad de abordar con seriedad y decisión la regulación de la financiación de los partidos políticos que los dote de mayor transparencia y control.
Es importante pasar de la palabra a la acción y ese, será otro de los grandes aportes que hará el gobierno del Presidente Abinader al país y al sistema democrático, si logra ponerse los pantalones y establecer mecanismos claros y transparentes lejos de las «donaciones o recaudaciones» por personas de dudosa reputación que hacen doblegar al más impetuoso de los Presidentes.
Establecer mecanismos de auditoriía y fiscalización junto con sanciones derivadas de las responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la norma reguladora, se hace más que necesario, lo pide la ciudadanía, los diferentes sectores de la sociedad, y hasta los propios políticos que han hecho del ejercicio político un quehacer digno y honorable, aunque sean los menos.
