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Eso me preguntaba luego de leer en los medios nacionales los recientes casos vinculados con la corrupción, en los que sobresalen nombres que en diferentes momentos estuvieron enlazados, aunque no fueran sentenciados, a casos ventilados en los tribunales de la República Dominicana.
Recientemente, el Ministerio Público ha llevado a cabo apresamientos de funcionarios del gobierno pasado, empresarios, políticos y ciudadanos, todos agrupados en uno de sus casos más emblemáticos, que como todos los que maneja esta gestión de la Procuraduría, lleva un nombre relativo al mundo marino para diferenciarlo ante sus públicos clave.
Se trata del caso Calamar, que ha manchado con su tinta a tres importantes exministros, pero que trae como las olas del mar, nombres que han sonado en otros expedientes judiciales, y que podría evidenciar que hay comportamientos que los integrantes de la sociedad pasan por alto al momento de involucrarse, hacer negocios o atraer a gente a ciertos «proyectos».
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó, según recoge el periódico Diario Libre, que a través de Calamar, “bajo las instrucciones del Ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales”.
Por un lado, se involucra a miembros del pasado gobierno, como Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que venían del ecosistema empresarial; así como Ramón Emilio «Mimilo» Jiménez, principal delator del caso Calamar y según el periódico Listín Diario, «mencionado en los Panama Papers»; Ángel Lockward, político, abogado, quien fue relacionado a un desfalco al programa Bonos gas, subsidio del Gas Licuado de Petróleo, en el gobierno de Hipólito Mejía, posteriormente fue descargado del expediente.
Y aparentemente, confirmando mi tesis de que a muchos de los integrantes de la sociedad no les importa el daño reputacional o las conductas corruptas, el mismo período gubernamental en el que enjuciaron a Lockward, lo nombran embajador en Colombia. Siguiendo en el escenario judicial, en el año 2009, es sentenciado a indeminzar al juez José Alejandro Vargas, por difamación e injuria. Mi hipótesis sigue afianzándose.
