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Como si fuera el comisionado de Ciudad Gótica dirigiéndose en una rueda de prensa donde habla del Pingüino o del Guasón, el presidente Luis Abinader manejó como relato político la persecución y muerte en un supuesto «intercambio de disparos» del delincuente Kiko La Quema, rol y mensaje que no debieron estar en boca del Primer Mandatario, y mucho menos, que se notara que tratara de legitimar el modelo de enfrentamiento de antisociales, que inhabilita los recursos institucionales establecidos en una sociedad garantista de derechos y representada por la autoridad de tres poderes del Estado.
Al margen de la reconocida reputación delincuencial de José Antonio Figuereo Bautista, alias, Kiko La Quema, y de que eran ciertas las imputaciones que acerca de él estaban oficializadas en expedientes, certificados bajo las estipulaciones del Código Penal de la República Dominicana, asimismo es lo correcto recalcar que fue la comunidad quien hizo público su requerimiento a las autoridades para que acudieran en su auxilio con el objetivo de lograr el control de este personaje que los mantenía en una situación de zozobra.
También es una realidad que no debe ser el ciudadano Presidente de la República quien asuma, personalmente, el discurso de enfrentar a un delincuente, por múltiples razones: su estatura, que se coloca en un escalón inferior al advertirle que se entregue al «delincuente». Él no debe asumir el rol de resolver lo que varias autoridades, incluyendo otro poder del Estado, no son capaces, como el Ministerio de Interior y Policía, el director de la Policía Nacional, o del otro lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El mandatario constitucionalmente tiene bajo su responsabilidad ser «Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional», pero estas instituciones cuentan con su incumbente y vocerías, que si todo funciona como manda el libro, deben solucionar este tipo de temas con los procedimientos institucionales de rigor, salvaguardando los derechos humanos de las personas y las convenciones de las cuales la República Dominicana es compromisaria, por su modelo de gobierno, que es la democracia, y por los acuerdos internacionales que ha firmado en aras de estas garantías. Por lo tanto, la política de «dar pa’bajo en intercambios de disparos» discrepa y desdice de la postura asumida por el Presidente Abinader en cuatro años de ejercicio.
En nuestro país una persona no es culpable «hasta que se demuestre lo contrario», acorde a la Constitución y el Código Civil. Hay que garantizar el debido proceso a todos los ciudadanos, aunque gocen de la repulsa de la mayoría y sus actuaciones hayan lastimado el corazón de gente valiosa en una comunidad, como pasaba en el caso de Cambita, comuna perteneciente a la provincia de San Cristóbal, ubicada a inicios de la región sur del país.
El debido proceso hubiera aportado datos cruciales como conocer por qué durante tanto tiempo esta persona mantenía el control delincuencial de la localidad, por qué y quiénes posibilitaban que ocurriera; por qué si eran reales sus agresiones a niñas y adolescentes, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público actuaban; y si asesinaba y torturaba como señala el rumor público que lo hacía, el sistema de justicia no le abrió un proceso que terminara en una condena dictada por un tribunal competente, en lugar de estar transitando por las calles de la barriada con más poder que cualquier autoridad local?
A esto me refiero cuando planteo que intervienen varios poderes del Estado, y que no es tan simple como que el Presidente diga, como si fuera un superhéroe de una serie de comic, que asumía la persecución de KiKo La Quema y que posteriormente, a través de una respuesta a una periodista en La Semanal, el espacio de interacción que celebra los lunes el gobernante con la prensa, respondiera con un mensaje que la sociedad interpretó como justificativo del hecho perpetrado el viernes ocho de marzo por agentes de la Policía Nacional, donde falleció el prófugo en un «intercambio de disparos». Estos pronunciamientos que impactan tanto al poder del Estado que él representa con a la Policía Nacional y el Ministerio Público (que es independiente, pero el presupuesto depende del Ejecutivo) y al Poder Judicial, que no está bajo su control.
Tras la pregunta, parte de la respuesta fue: «Como Presidente de la República Dominicana yo lo que he cumplido con mi responsabilidad»; «no voy a aceptar este tipo de acciones sea quién sea, y dondequiera que haya un Kiko la Quema vamos a ir detrás de él, porque ese es el modelo que no puede instaurarse en la República Dominicana», publica la prensa nacional.
Las expresiones del Presidente deberían traducirse en una política programática de prevención y combate a la delincuencia, que realmente garantice un régimen de consecuencias para quienes delinquen. Sin embargo, la práctica del «gatillo alegre» cierra un expediente sin garantizar derechos, sin conocer causas, involucrados y estructuras civiles o policiales que pudieran estar vinculadas en la instauración de un «cacicazgo» de parte de un reconocido narcotraficante y supuesto pedófilo, además de que establece un precedente nada sano para la democracia y las posturas que deben tener los gobernantes dominicanos.
