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Un paso de gran trascendencia para el desarrollo institucional de la nación en los últimos años ha sido el funcionamiento de un sistema de justicia que tiene como uno de sus soportes básicos a las denominadas Altas Cortes, esto es, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.
Estas tres importantes estructuras del Poder Judicial han logrado consolidar el Estado de derecho, jugando un papel de mucha trascendencia en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y a las leyes, la garantía de una clara interpretación de los mandatos de la constitución, el funcionamiento interno de los partidos y el respeto a los derechos de todos los candidatos a posiciones electivas en los procesos electorales.
En el caso del Tribunal Constitucional fue muy loable la gestión de doce años encabezada por el magistrado Milton Ray Guevara, quien consolidó el prestigio y la eficacia de esa corte. El pasado mes de diciembre hubo un cambio en ese organismo y el pueblo tiene la esperanza de que su nuevo presidente, el magistrado Napoleón Estevez, continúe ampliando los niveles de institucionalidad trillados por su antecesor.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia hay que valorar la forma ecuánime, respetuosa y eficaz con que el magistrado Henry Molina ha manejado esa alta corte, convirtiéndola en garantía del ejercicio de una justicia imparcial y eficiente.
En cuanto al Tribunal Superior Electoral, presidido por el magistrado Ignacio Pascual Camacho, en los actuales momentos existe una preocupación justificada debido a que el país está inmersos en un proceso electoral que se percibe muy competitivo y, por lo tanto, podría ser fuente de muchos procesos a ser decididos por esta Alta Corte. Y mayor es la preocupación ante la decisión asumida por ese tribunal de suspender de manera provisional la juramentación del prestigioso doctor Vidal Trajano Potentini como presidente de la Colegio de Abogados.
El doctor Trajano Potentini, apoyado por los partidos de la oposición, fue electo presidente del gremio profesional de los abogados en un proceso validado por su comisión electoral, pero uno de los candidatos favorables al gobierno apeló al TSE y pidió la suspensión de su juramentación. Muchos especialistas del derecho han expresado que esa Alta Corte no tiene competencia para actuar frente a casos de los gremios, sino de los partidos políticos. Empero, de forma inexplicable y hasta sospechosa, el TSE no solo decidió que tiene competencia ante esta situación, sino que tomó una medida que favorece a los candidatos del gobierno, lo que genera preocupación, pues con esa actuación se muestra a ese organismo judicial manejado por sectores del Poder Ejecutivo.
Esa decisión del TSE ante el conflicto del Colegio de Abogados es muy grave, sobre todo si tenemos en consideración que será ese organismo quien tomará muchas decisiones ante los conflictos que podrían presentarse en los procesos electorales de febrero, de mayo y, si fuera necesario, hasta de junio.
Hacemos un llamado a la cordura y al sentido de justicia de los jueces que componen el Tribunal Superior Electoral. Confiamos que ese organismo sabrá manejar cada situación que se le presente y que siempre pondrán el interés de la nación por encima del interés de cualquier sector político, sin importar su fuerza electoral o su influencia en el poder.
