¿Culpables?

¿Dónde están los culpables de la trágica explosión en San Cristóbal que acabó con la vida 32 personas? (Se presumen muchas más víctimas y varios heridos). Nadie sabe. Nadie da la cara, ni dice «esta boca es mía». Silencio y tristeza en la zona del desastre, en todo el país luto nacional y diferentes organizaciones de ayuda recaudan dinero y enseres para llevar al lugar de los hechos. Los heridos en los hospitales en una lucha feroz por sobrevivir. Una explosión en una fábrica de plástico que nos recuerdan otros hechos lamentables sucedidos en el pasado y que hasta la fecha tampoco se ha sabido gran cosa. No se conocen las causas. Hace unos años ya había ocurrido un fuego en ese mismo lugar, en el que las autoridades les recomendaron a los dueños acometer medidas de cuidado. Caso omiso.

A raíz de lo acontecido, quedó nuevamente demostrado que, como país en asuntos de auxilios, logística para catástrofes de grandes dimensiones aún nos faltan herramientas, servicios, utensilios y brigadas bien equipadas para resolver con rapidez. Nuestros bomberos llegan a «mano pelá» a brindar servicios arriesgando sus vidas en cada minuto, las ambulancias, paramédicos que debieron llegar y la agilización de los heridos hacia los hospitales fue lento, inseguro y poco ágil. Nos falta entrenamiento frente a catástrofes humanas de grandes dimensiones. Suerte tenemos como país que no vivimos constantemente ese tipo de situaciones tan duras y desgarradoras. Urge que el Estado prepare a las autoridades pertinentes, invierta en logística e infraestructuras para este tipo de situaciones.

Luego de toda la terrible situación, el gobierno del Presidente Luis Abinader, encabezado por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, se apersonó en la zona del siniestro para enterarse y supervisar lo sucedido con la orden de distribuir las ayudas necesarias en coordinación con el Plan Estratégico de San Cristóbal y la participación del Politécnico Loyola. La ayuda a las familias y afectados por la explosión debe ser extensa en el tiempo hasta que se pueda volver a la normalidad.

Además, por parte del gobierno se dispuso de la ayuda para gastos funerarios y el transporte de familiares hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, añadido a la ayuda de psicólogos para asistencia de familiares a través del Ministerio de Salud Pública. 

En ese sentido, es otra catástrofe de grandes dimensiones que nos golpea como sociedad, como país. Un país en el que las instituciones y el Ayuntamiento son quienes deben vigilar, supervisar y garantizar que las tiendas y empresas que no cumplen con las normas de establecimiento deben ser sancionadas. No deben ocupar un lugar en zonas donde no es recomendable. Las autoridades no supervisan, no se percatan de la cantidad de negocios se encuentran establecidos de manera ilícita. 

Los accidentes con gas licuado de petróleo suceden cada cierto tiempo en el país. No es algo nuevo, pero cuando sucede, arrasa de manera atroz por la falta de vigilancia tanto de los propietarios de un negocio como de las autoridades pertinentes. Dada esta gravísima situación de la falta de vigilancia y autoridad, ¿Por qué no se aplica la Ley 368-22 que regula el uso de suelo para evitar este tipo de desgracias? ¿Qué esperan nuestros legisladores para poner en práctica y ejecutar esta ley para beneficio de todos?

En el año 2010 una explosión sacudió la empresa Coopegas, en Licey al Medio, 11 murieron, en el 2018 sucedió el famoso Polyplas en la ciudad capital con 8 muertos y 103 heridos y en el 2016 estallaron 4 envasadoras como SolGas con 3 muertos y 40 heridos. 

Mientras tanto, el silencio continúa por parte de los dueños o propietarios de ésta última tragedia que nos golpea. 

¿Cuándo sabremos la verdad y sus responsables?