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La corrupción en la administración de la justicia dominicana y el uso arbitrario para ocultar información tuvieron impacto en los procesos penales, constituyéndose en mecanismo de impunidad, obstrucción y amenaza a funcionarios y métodos judiciales para atacar sistemáticamente la justicia e impedir -durante muchos años- instituir un Ministerio Público autónomo y auténtico.
La ética del funcionario público o la acción en la función pública, son temas abordados como elementos fundamentales en la tesis de Max Weber. En el contexto nuestro, las leyes y directrices que rigen el Ministerio Público desde la llegada de la Dra. Mirian Germán Brito, orientaron la conducta de funcionarios públicos hacia principios éticos. No obstante, aún se presentan iniciativas que persiguen la transición de la preocupación ética hacia la acción ética.
La Procuradora General de la República, desde su designación, ha sido objeto de diversas críticas por parte de sus adversarios, incrementando los ataques a causa de la puesta a disposición de la justicia de varios exfuncionarios y empresarios por actos de corrupción cometidos en el pasado gobierno, tales como los casos Antipulpo, Coral, Operación 13, Medusa, Falcón, Operación Larva, Coral 5G, Discovery, FM, Iguana y Caracol.
Al asumir el cargo, el 17 de agosto, la jefa del Ministerio Público implementó las medidas necesarias para aplicar la justicia social y fortalecer los departamentos de la Procuraduría Adjunta de Persecución y Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Acción valorada de manera positiva por actores relacionados con la clase jurídica y política nacional.
Germán Brito ejerce justicia social de manera autónoma, comprometida y sin injerencia -no como ocurría en el pasado reciente- con el fin de fortalecer los mecanismos y estructuras persecutorias de delitos y crímenes contra el Estado. Asimismo, realizó una profunda renovación ética que restituya la proximidad de la institución con el ciudadano, enfrenta la corrupción administrativa en el país y profesionaliza las funciones de fiscales y procuradores. Trabajo que cumple con pulcritud e independencia.
Cada investigación y sometimiento a la justicia de exfuncionarios y actuales servidores públicos, el Ministerio Público lo hizo con objetividad, expedientes bien fundamentados, sobre todo, con respeto a la dignidad de las personas y cabal apego a los procedimientos del debido proceso establecido por la Constitución, tratados internacionales adoptados por el Estado, leyes y legislación nacional y precedentes jurisdiccionales vinculantes.
Los detractores transgresores de la ley, muchos de ellos, juzgados en tribunales, presos preventivos, domiciliarios con grilletes, impedidos de salir del país o presentación periódica, descalifican su gestión y hablan de resentimiento y odio como factores que la llevan a emprender la función del órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirigido a advertir, vigilar, tramitar y perseguir los hechos punibles.
En un reciente anuncio, la magistrada notificó que este sería su último año en la Procuraduría General de la República. A pesar de ello, numerosos maldicientes continúan descalificándola y otros no disimularon su alegría, olvidando la frase atribuida a Oscar Wilde, “cuidado con lo que deseas, ya que se puede volver a ser realidad”. En el futuro, el puesto puede ser ocupado por una persona menos ecuánime y llena de animosidades y sed de justicia. Es factible que un profesional que desempeña su trayectoria política denunciando y combatiendo las acciones de corrupción contra el Estado, pueda ser un candidato disponible.
Podría asignarse la posición, por ejemplo, a Guido Gómez Mazara o Faride Raful. La senadora, al momento de informar la decisión de no competir por la posición, dejó entrever que asumiría un puesto de mayor relevancia, tal como le propuso el presidente Abinader al momento de informar la decisión.
En tanto, Gómez Mazara se distingue por su conocimiento, honestidad y lucha frontal contra la corrupción. Muchos expedientes que se encuentran en la justicia fueron investigados y depositados en el Ministerio Público por él. Un ejemplo es el caso que se sigue al general Adán Cáceres y a otros connotados políticos.
En consecuencia, aquellos que celebran la salida de la magistrada Germán, una servidora humana capaz de encarnar, llevar a cabo la práctica con valores, principios y normas éticas, podrían experimentar la misma situación jurídica o quizás peor.
