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El prestigioso economista dominicano Andrés Dauhajre hijo publicó recientemente un artículo en el periódico El Caribe, titulado «De la democracia a la oclocracia», en el que llama la atención a la «liberalización descontrolada de la opinión [que] ha complicado el ejercicio de gobernar las naciones», refiriéndose al auge de las redes sociales (RRSS) y al poder de sus influencers en la esfera pública, con especial mención en República Dominicana al caso del «media mogul» Santiago Matías, también conocido como «Alofoke».
Afirmó que «no debería apostarse en contra de la capacidad de nuestros influencers más poderosos […] de dirigir […] a cientos de miles de votantes a marcar la boleta a favor de quien él decida», al tiempo de alertar que «el problema no reside únicamente en la capacidad de decidir el ganador de unas elecciones sino también en el poder de veto que pueden tener estas figuras emblemáticas […] sobre iniciativas de reformas económicas, sociales y políticas trascendentales en el marco de un Proyecto de Nación».
En ese sentido, declaró que «con el desplazamiento de la prensa escrita por la radio y las redes sociales, la democracia ha sufrido un proceso de degeneración que la ha acercado cada vez más a la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre […]», por lo que, entre otros aspectos, consideró que los emisores de opinión debieran estar sometidos al escrutinio de firmas que califiquen su «calidad».
Inquietud compartida
Diversos sectores de la sociedad están inquietos por el contenido que fluye en las plataformas de RRSS y, que «aposta» o no, en muchas ocasiones, contribuye a una degradación sociocultural que –aunque nace de la sociedad misma– antes era vista como negativa y hoy cada vez más como parámetro a seguir; sumado a la vulnerabilidad que produce en aspectos de honor, intimidad, propia imagen, dignidad, moral, infancia, juventudes.
También es válido observar que estas plataformas han acumulado un nivel de influencia política cuyo mal uso (que no se está dando por sentado) puede ser un riesgo para el sistema democrático puesto que al mundo del entretenimiento lo rigen más las pasiones que las razones, y cualquier comentario, aunque sea en lo político, podría traer un alud –¿y qué decir de los eventuales «quid pro quo’s»?–-.
Pero eso es propio del tiempo actual, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, y el liderazgo de la sociedad debe ubicar formas de cómo lidiarlo sin incurrir en desproporciones.
Total, los procesos sociales son «complejos», dependen de múltiples factores, y ya se han visto elecciones en las que destacados influenciadores no han podido inclinar en forma determinante el peso de la balanza.
Democracia, oclocracia y poliarquía
En la sociedad de la Revolución Industrial, las élites intelectuales tenían el monopolio de las oportunidades, la opinión y la verdad, lo que les permitía sentirse especiales… y realmente lo eran. A diferencia de la Revolución Industrial y la sociedad del conocimiento.
Un destacado abogado, diplomático e investigador entró al salón de clases. Dijo: «No crean que lo saben todo. Yo, como docente, me cuido de lo que digo frente a ustedes. Tanteo los auditorios porque cualquier estudiante universitario puede tener mayor información y estar más actualizado que cualquier docente. La diferencia es la experiencia».
Y es que nunca como ahora hay tanta información a la mano, buena y mala. Impera entresacar.
Un ciudadano curioso y esforzado puede tener más saberes sobre un tema que le apasione que un docto de muchos años que lo haya pasado por alto al no ser de su interés.
Cualquier medio de comunicación alternativo, o ente de las RRSS, puede disponer de datos más certeros y análisis más agudos y transparentes que una cadena global de medios de alta nombradía.
Y esa entrada a la esfera pública del ciudadano común y de los pequeños actores no es oclocracia, que sería sinónimo de burdo populismo. Es democracia.
De eso trató la «Primavera Árabe», de eso ha escrito tanto Moisés Naím, por eso la némesis de los gobiernos totalitarios; y, aunque con causas pivotes, por eso cierto recelo de las élites intelectuales: libertad de expresión.
¿Que debe estar sujeta a límites? ¡Claro! En situaciones excepcionales, bajo el miramiento de un «scan» ponderativo y exhaustivo a la luz de la Constitución y los bienes jurídicos a proteger (honor, intimidad, propia imagen, dignidad, moral, infancia, juventudes, democracia y otros derechos fundamentales).
República Dominicana en la práctica es una poliarquía: un sistema democrático y representativo constituido por poderes y vehículos constitucionales e institucionales, pero también por diferentes centros de poder: económicos, políticos, fácticos, ciudadanos… Válidamente.
En este caso, tratar de enmendar la distorsión del libertinaje comunicacional de algunas plataformas en algunas ocasiones, con la supresión, reducción o neutralización de un centro de poder, no es más que retrotraerse a aquella vieja democracia griega en la que votaban solo los varones con recursos económicos, ahora servida en suerte de «gobierno de los doctos».
Monopolio de la credibilidad
«En aquellos tiempos, Rafael Herrera Cabral, Germán Emilio Ornes, Mario Álvarez Dugan, Virgilio Alcántara, Aníbal de Castro y Bienvenido Álvarez Vega […] decidían quiénes podrían participar en el debate de la prensa escrita […] que, en aquel momento, era la que más influencia tenía sobre los responsables de diseñar y ejecutar las reformas. Los directores […] eran quienes otorgaban la visa para opinar sobre los temas fundamentales de la nación. Tenían poder de veto para limitar la […] ignorancia en el debate», afirma el destacado técnico económico y articulista.
…Y no hay dudas de que esa generación de la prensa dominicana aportaba luces calificadas sobre los temas del asunto público. Sin embargo, ofrecer ese ejemplo es sembrar la semilla de una visión excluyente. El mundo cambió. República Dominicana también.
Hoy las sociedades no deben orientarse a una especie de monopolio que, aunque bien intencionado y regido, pueda impedir se escuche plena voz de quienes no reúnan un determinado pedigrí.
La solución no es clasificar opinantes de primera, segunda, tercera… sobre la base de sus títulos, premios, reconocimientos, o los que los pares decidan como requisito para ingresar al «club».
La propuesta de calificar la «calidad» de las personas que emiten opiniones en RRSS es crear un esquema de predisposición que limite la credibilidad del autor de los comentarios y por ende la libertad de expresión.
El artículo antes mencionado, hace una comparación entre un emisor de opinión no certificado y uno de la estirpe de Frank Moya Pons, Bernardo Vega, Jaime Aristy Escuder, Flavio Darío Espinal y Cristóbal Rodríguez, autoridades sólidas en sus respectivas áreas.
Sin embargo, y sin aludir a ninguno de esos grandes referentes, Karl Popper enseñó que no hay autoridad intelectual cuyas teorías no puedan ser refutadas. Prueba de eso, Imre Lakatos.
Y es que al final, en la «sociedad abierta», no habría espacio para la censura injustificada. Los argumentos deben prevalecer, sustentarse solos, no sobre quien los dice. Hay hasta una falacia en nombre de eso.
Muchos intelectuales de ayer se acostumbraron a la autoridad, los de hoy deben estar prestos al debate.
Y en el caso hipotético… ¿quién garantiza que un opinante de calidad, certificado, emita opiniones veraces o independientes?
A escala mundial, los grandes medios de comunicación –supuestamente más creíbles– pertenecen a grandes grupos empresariales, respetados académicos se han puesto al servicio de intereses especiales, y hasta organizaciones científicas establecidas han modulado estándares y recomendaciones oficiales por asuntos ajenos a su ejercicio.
Además: ¿Quién califica a los calificadores?
Asimetría de la información
Uno de los aspectos que el artículo en cuestión formula, como justificativo de la creación de la institución calificadora, es que si la información no es completa estamos en presencia de una «asimetría».
Dicha aproximación es plausible en el mundo de las finanzas y los derechos de los consumidores, porque se trata de una relación desigual entre proveedores y consumidores de un bien o servicio. Los primeros cuentan con recursos e información más técnica sobre sus quehaceres que el usuario común. También suponen importantes sumas de dinero.
No obstante, la lógica democrática no es la de los mercados. En democracia, clave libertad de expresión, hoy más que nunca hay información política disponible.
Así mismo, el término de «asimetría de la información» va estrechamente ligado al de «consumidor racional», y en el espectro político, como en el mediático, muchas de las decisiones son emotivas, a diferencia de las inversiones o bolsas de valores.
Proyecto de ley
Es evidente que urge un control en el contenido de las RRSS –al igual que un autocontrol– pero no sobre la base de limitar, directa o indirectamente, a quienes emiten opiniones. Calificar su «calidad» o credibilidad sería una forma de hacerlo.
Aunque en principio sea con buen motivo, mientras más se cierra el círculo de voces menos chance hay de que surjan liderazgos y propuestas de beneficio común.
El Poder Ejecutivo designó una comisión consultiva que ha planteado una reforma a la Ley No. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Los aspectos específicos del proyecto aún no son de conocimiento público, pero en sentido general las pinceladas serían auspiciosas. En palabras del licenciado Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, dijo que «el país va en buen camino de tener una buena ley actualizada».
