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Luis Rodolfo Abinader Corona, elegido para gobernar la República Dominicana en el cuatrienio 2020-24, en medio de la fase más crítica de la pandemia del COVID-19, una división a lo interno del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana, que dio al traste con la salida del doctor Leonel Fernández de dicha organización, se aproxima a cumplir la mitad de su mandato.
Propicia es la ocasión para hacer una evaluación de estos casi dos años y analizar en perspectiva qué le espera al país durante los dos años por venir.
En el plano económico, el presidente Abinader confirmó en su cargo al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y complementó el equipo económico con miembros de la élite de economistas del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Miguel Ceara Hatton.
En adición a lo previamente expuesto, existe la sensación, en una buena parte de la población, que ha habido un notable retroceso en temas tan trascendentales como la seguridad ciudadana, el acceso a los productos de la canasta básica, el desempleo y servicios fundamentales como la energía eléctrica, la salud y la educación. Muchos circuitos con servicio de disponibilidad de energía 24 horas, al día de hoy sufren de largas tandas de apagones y de aumentos desproporcionados en la tarifa eléctrica.
Para enfrentar la pandemia de Covid-19, el Gobierno adquirió una cantidad desproporcional de vacunas, muchas de las cuales se han donado, vencido o están en proceso de vencimiento. En adición, un caso de compra de jeringuillas a sobreprecio se llevó de paro al primer ministro de Salud Pública del actual gobierno, el doctor Plutarco Arias.
En lo relativo a la seguridad ciudadana, la población percibe un deterioro progresivo, no obstante a que el presidente Abinader esgrimió en campaña que este sería un renglón un pilar fundamental de su gestión de gobierno.
Asesores de diferentes nacionalidades, comisiones nacionales, iniciativas de alto nivel no han resultado insatisfactorias para las expectativas creadas. En este renglón es más que obvio que el Gobierno se encamina a un rotundo fracaso.
El Senado de la República acaba de aprobar en dos lecturas el anhelado proyecto de ley de extinción de dominio; sin embargo, por la manera en que ha sido conocido y aprobado, importantes sectores de la sociedad, no obstante estar de acuerdo sobre la necesidad de este instrumento legal, alegan que no pasará el control del Tribunal Constitucional, pues contradice los artículos 110 y 112 de nuestra Carta Magna.
Por otro lado, el presidente Luis Abinader sometió una serie de iniciativas al Consejo Económico y Social (CES), destacando un intento de reforma a la Constitución de la República, en la cual se pretendía introducir, de una manera clara, la «Independencia del Ministerio Público». La oposición se retiró del citado espacio de diálogo por entender que ya esa independencia del Ministerio Público está consagrada en la Constitución del 26 de enero del 2010, y bajo el alegato de que lo que realmente subyace detrás de dicho proceso de reforma sería reducir el porcentaje de elección del presidente de la república por debajo del 50+1 de los votos válidos emitidos.
Es predecible que la situación económica mundial heredada de la pandemia de Covid-19 y los efectos de la guerra que libran Rusia y Ucrania pudiera desencadenar en crisis sociales y de gobernabilidad en muchos países del mundo. A medida que se acerquen las elecciones, el gobierno del presidente Abinader está llamado a enfrentar una oposición más firme, así como presión de grupos de intereses por la satisfacción y suministro de obras comunitarias y servicios esenciales, así como el desgaste normal en un gobierno que se maneja en medio de una crisis de diversas aristas.
Por lo pronto, el Gobierno hace esfuerzos por mantener niveles de aceptación manejables, pero la oposición se apura de caras a una campaña electoral que ya está «a la vuelta de la esquina».
