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En los últimos años, América Latina ha sido testigo de una serie de juicios políticos que han concluído con la destitución de presidentes y vicepresidentes, generando controversia en la región. Estos procesos, lejos de ser un mecanismo legítimo de control y rendición de cuentas, constituyen una nueva modalidad de golpe de Estado en democracias, al ser llevados a cabo sin la intervención de las fuerzas armadas como se hacían cotidianamente en la región durante gran parte del siglo XX.
En la mayoría de las democracias, el juicio político es un mecanismo constitucional que permite a los órganos legislativos destituir a los funcionarios públicos de alto rango, incluidos los presidentes y vicepresidentes, por delitos graves o violaciones a la constitución. Este proceso tiene como objetivo garantizar la rendición de cuentas de los líderes y proteger el estado de derecho y la democracia. A lo largo de la historia reciente, América Latina ha experimentado varios casos de juicios políticos que han resultado en la destitución de líderes políticos. Algunos de estos casos han sido ampliamente controversiales y han generado preocupaciones sobre la estabilidad democrática en la región.
El caso más reciente es Ecuador, donde el actual presidente Guillermo Lasso, por disposición de la Asamblea Nacional enfrentó el pasado martes 16 de mayo el inicio del proceso de juicio político en su contra por delito de peculado (malversación de fondos). Situación que lo obliga, un día después, a dar un giro y firmar por primera vez en Ecuador la «muerte cruzada», figura legal recogida en la Constitución de 2008, promulgada bajo el mandado del expresidente Rafael Correa, que fue amparada en aquel entonces por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Esta táctica aplicada por el presidente Lasso llamada «muerte cruzada» le da la facultad, mediante el artículo 148, de disolver la Asamblea Nacional al considerar que se está obstaculizando su capacidad para gobernar. Bajo este contexto, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones anticipadas en un plazo máximo de 7 días. A partir de ese momento el margen de maniobra del presidente es muy estrecho ya que solo le quedan unos meses para gobernar mediante decretos de ley.
Es importante destacar que en caso de que Lasso se presentase a dichas elecciones anticipadas y no salga victorioso, se colocaría en la extensa lista de presidentes destituidos de sus cargos antes de terminar su periodo. Pese a que Guillermo Lasso se «salvó» de ser destituido por la Asamblea Nacional a través de un juicio político, el ex presidente Fernando Lugo en Paraguay (2012) sí fue echado de su cargo mediante un juicio político llevado a cabo por el Congreso. Lugo fue acusado de mal desempeño en sus funciones y de promover la violencia y la inestabilidad en el país. Lo mismo le sucedió a Dilma Rousseff en Brasil (2016), quien fue destituida de su cargo tras ser sometida a un juicio político en el Senado. Rousseff fue acusada de manipulación fiscal y de violar leyes presupuestarias. Pedro Castillo en Perú (2022), enfrentó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía, que lo acusaba de liderar una supuesta organización criminal, tráfico de influencias y colusiones.
La creciente frecuencia de juicios políticos en América Latina ha llevado a algunos analistas a cuestionar si estos procesos representan una nueva forma de golpes de Estado en democracias, al ser llevados a cabo sin la intervención de las fuerzas armadas. El órgano legislativo en consenso con grupos económicos de poder, medios de comunicación y las élites civiles, realizan los golpes respetando el «orden» institucional sin necesidad de recurrir a la violencia militar. En ambos casos, el objetivo es claro: destituir al presidente. De esta forma, los juicios políticos se realizan dentro del marco legal y constitucional, mientras que los golpes de Estado involucran la ruptura del orden constitucional y, a menudo, el uso de la fuerza militar.
Los juicios políticos en América Latina han generado preocupaciones sobre la estabilidad democrática en la región y han llevado a una polarización política en muchos países. Además, estos eventos han generado una mayor desconfianza en las instituciones democráticas lo que podría tener un impacto negativo a largo plazo en el fortalecimiento de la democracia en la región. Aunque los juicios políticos son mecanismos constitucionales legítimos, es importante garantizar que no sean utilizados con fines políticos y para debilitar a los gobiernos de turno. Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la supervisión del desempeño de los líderes políticos. Los Estados deben ser capaces de comunicar y gestionar de manera efectiva, para garantizar la estabilidad democrática en la región.
