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Eso lleva a preguntar si aquellos que vendieron las empresas estatales incurrieron, por venderlas, en inconstitucionalidad o ilegalidad. La respuesta es no. ¿Violaron alguna regla moral? No. ¿Enfrentaron sectores sociales de manera que su decisión resultó en un acto de fuerza? No. Entonces, al parecer, la acusación no tiene fundamento: ni contra…