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El partido Fuerza del Pueblo, a través de las secretarías de desarrollo rural, de asuntos agropecuarios y de medio Ambiente, responsabilizó al Gobierno de Luis Abinader de «sumerger a las familias, especialmente las más pobres, en una situación de incertidumbre y calamidad alimentaria», ya que su poder adquisitivo ha disminuido de manera sustancial y, consecuentemente, un segmento importante de la población hoy día de 3 comidas sólo puede consumir una o dos, pero en muchas ocasiones, hasta se le dificulta hacer una sola.
Modesto Reyes, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, expresó que “la situación descrita anteriormente se refleja en el hecho de que «el costo de la Canasta Básica Familiar, reportado por el Banco Central, para la población de menos ingresos (Primer Quintil), se incrementó en RD$5,645.19 pesos, al pasar de RD$21,153.19 pesos, en agosto del año 2020, a RD$26,798.70 pesos, en diciembre de 2023, es decir, un aumento de 26.69%, en circunstancias en que los salarios han permanecido estancados».
El catedrático y dirigente político manifestó que «peor es aún señalar que, el componente de la mencionada Canasta Básica Familiar que más ha aumentado, es Alimentos y Bebidas No Alcohólica, ya que los precios de los alimentos que consume el pueblo han subido de precio entre un 40 y 60% en sentido general, siendo en algunos casos, incrementos mayores al 100%».
Héctor Acosta, titular de la secretaría de asuntos agropecuarios manifestó que «lo expresado anteriormente es consecuencia de un rotundo fracaso del gobierno de Luís Abinader, en materia agropecuaria, debido a la incorrecta aplicación de políticas públicas que han hundido el aparato productivo nacional, quebrando a los productores, entre las cuales se pueden mencionar: la preferencia por las importaciones agropecuarias a tasa cero, adoleciendo de controles sanitarios; la cancelación de la mayoría de los técnicos y profesionales agropecuarios, correspondientes a los servicios de extensión; y la falta de planificación, en la producción nacional, entre otras medidas desacertadas».
Acosta señaló que «para tener una idea de la insaciabilidad importadora del actual gobierno, según apuntan las proyecciones estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA): las importaciones de alimentos se aumentarán en más de un 100% al pasar de US$3,109 millones de dólares, en el año 2019, a más de US$6,000 millones, en el 2023».
«A modo de ejemplos, las importaciones de ajo, se incrementaron en un 92.86%, al pasar de 8,121.63 TM, en el año 2019, a 15,663.57 TM, en el 2022; y, las de papa, subieron un 84.90%, al pasar de 37,495.93 TM, en el año 20219, a unas 69,331.41 TM en el 2022».
Igualmente, destacó que, “Fuerza del Pueblo, ya ha fijado su posición de rotundo rechazo al nuevo proyecto de Ley Tasa Cero, para la importación de alimentos, sometido por el gobierno del presidente Luis Abinader, al Congreso Nacional, con el cual se pretende finalmente dar la estocada mortal al sector agropecuario nacional, a los productores y a la seguridad alimentaria del país”.
En otro orden, Paino Abreu, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, denunció que “el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en violación a las normas establecidas, se ha convertido en promotor del desarrollo inmobiliario en suelos con alto potencial para la producción de alimentos, reduciendo el área de cultivo y dificultando la aprobación y puesta en funcionamiento del reglamento de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial”.
«El caso de Constanza, es particularmente alarmante, porque allí, está ocurriendo un desarrollo urbano incontrolado que ya ha utilizado alrededor del 20% de los suelos Categoría I del Valle, es decir, los mejores suelos para agricultura. Y lo peor es que, dicho proceso se está llevando a cabo ante la mirada indiferente de las autoridades, sin ningún tipo de ordenamiento y poniendo en peligro no solo la producción de vegetales, hortalizas, frutas y flores, sino también el propio potencial turístico del municipio, sumándose al histórico problema de la contaminación por uso indiscriminado de químicos, el incremento de la basura por falta de un relleno sanitario y la contaminación acústica por el desorden permitido de aparatos de sonido con bocinas de alto volúmen», explicó Abreu.
