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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso querella penal en contra del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ignacio Camacho, así como de los miembros Pedro Yermenos Forastieri y Rosa Pérez de García, quienes el pasado 29 de diciembre dictaron sentencia suspendiendo la juramentación del presidente electo del gremio, Trajano Vidal Potentini, en violación de la competencia de atribución contenida en el artículo 214 de la Constitución, que consagra que la alta corte solo es competente para los conflictos de partidos políticos.
Miguel Surún Hernández, miembro del CARD, manifestó que con dicha decisión el TSE ha incurrido en prevaricación judicial para favorecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en violación a su propia ley orgánica, la 29-11, la ley del Tribunal Constitucional, 137-11, que consagran que el TSE no es competente para conocer asuntos gremiales, con lo cual también se violan los artículos 123, 124, 147, 148, 175, 176 y 184 del Código Penal.
«Se trata de un asunto grave para la democracia y la paz pública, perpetrado bajo las órdenes directas de José Ignacio Paliza, ministro admirativo de la Presidencia y presidente del PRM, y de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quienes han afirmado a dichos jueces, que es vital revertir la percepción generada por dichas elecciones gremiales, razón por las cuales debían actuar según sus instrucciones, lo que refleja que no existe árbitro para las elecciones municipales, ni presidenciales del presente año, pues dicho tribunal no sólo fue capaz de abrogarse una competencia inconstitucional e ilegal para conocer un amparo que es constitucionalmente competencia de otro, y que al conocer el fondo viola sus propios precedentes y del Tribunal Constitucional», indicó.
El jurista dijo que «entonces, atendiendo a estas violaciones qué no serán capaces de hacer cuando conozcan casos que envuelvan al PRM contra los partidos de la oposición. Estamos en presencia de una degradación con fines reeleccionistas, de los órganos constitucionales de administración de justicia».
Surun Hernández apoderó al Congreso Nacional de una solicitud formal de destitución de los jueces del TSE, mediante el proceso de juicio político, por las faltas graves cometidas contra la institucionalidad democrática.
«Igualmente, procedimos a apoderar a la Procuraduría General de la República a los fines que dichos actos no queden impune», agregó Surún Hernández.
