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Decían que los jóvenes no estaban en política. Que no les interesaba participar del debate. Que pocas y nada de posibilidades habían de que llegaran a puestos de elección popular. Sin embargo, las elecciones del 2020, el peculiar proceso en medio de una pandemia, nos ofreció una camada de jóvenes políticos de distintos partidos, aspirando y ganando sus respectivas contiendas. Uno de ellos fue Orlando Jorge Villegas.
Apenas superando la barrera de los 30 años, su recorrido político viene desde la cuna, pero rápidamente se ha hecho su propio camino. En las elecciones del 2012 ya intervenía en los medios de comunicación como un vocero de nivel para la campaña de Hipólito Mejía, aún en medio del conflicto nunca superado entre el entonces candidato y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado.
Su formación académica y política le ha granjeado respeto y buenas relaciones con todos los sectores, incluidos aquellos que son considerados sus adversarios. Orlando sabe, tal como le enseñó su padre y a este su progenitor, que el poder es una sombra que pasa y que nunca hay que perder la perspectiva. Los pies en la tierra siempre.
Ahora, Orlando ha dado en la diana. Tras más de un año trabajando junto a un nutrido equipo de técnicos y profesionales, se ha decidido a someter el proyecto de ley de prevención y respuesta nacional en caso de ausencia de población vulnerable, alerta amber, el cual busca proteger a personas vulnerables, esto es niños, niñas y adolescentes, así como personas que sufran de algún tipo de discapacidad cognitiva o enfermedad de salud mental.
En términos prácticos, la Alerta Amber se pondría en marcha al momento en que la desaparición de una persona vulnerable sea una sospecha, con énfasis en un rapto o secuestro, hasta por simple desorientación, muy especialmente cuando se entienda que la vida de la persona vulnerable corre peligro.
Si ese escenario ocurre, la alerta se emite, comunicándole a toda la población por todos los medios disponibles, tanto radial, televisivo, así como por telefonía móvil, minimensaje y redes sociales, que una persona vulnerable está desaparecida, proporcionando información sobre la víctima y su captor, en caso de que aplique.
Además, el proyecto contempla la creación de una Brigada Nacional de Alerta Amber que dará respuesta inmediata y emitirá la alerta. La misma estará compuesta por un miembro de cada una de las instituciones clave para la recuperación de una persona vulnerable, tales como la Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Indotel, Sistema 911, Fuerzas Armadas, DICAT, Bomberos, entre otros.
«Este proyecto de ley propone una estrategia y táctica moderna, innovadora y coordinada, para identificar y dar con el paradero, en el menor tiempo posible, de las personas desaparecidas pertenecientes a una población vulnerable», dice Jorge Villegas.
Agrega que, en la actualidad, el proceso de recuperación de un desaparecido tiene oportunidades de mejora en la coordinación que impiden que la persona vulnerable “pueda ser localizada en las primeras horas. Los informes y experiencias demuestran que las primeras horas son claves para determinar el paradero”.
El diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional dijo que hay que mejorar la recolección de estadísticas, para «tenerlas en tiempo real, con tecnología de punta, como la inteligencia artificial, minería de datos, entre otros».
La Alerta Amber es una realidad consolidada en otros países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia, pero también en América Latina, como en Costa Rica, Argentina, México y Ecuador. Unirse a esta tendencia sería tan excepcional como determinante, especialmente para contar con una herramienta eficaz ante uno de los aspectos más temibles de la inseguridad ciudadana.
Las cifras de desapariciones en República Dominicana son de preocupación. Del 2019 a la fecha,
641 dominicanos están desaparecidos. En lo que va de este 2022, suman 79 personas, según datos de la Procuraduría General de la República, mientras que en el 2021 desaparecieron 201 personas. Un poco más atrás, en el 2019, se contabilizaron 266. Extrañamente, del 2018 hacia atrás no existen cifras oficiales.
En vista de este escenario, que llena de incertidumbre a las familias de las víctimas y de temor a la población en general, fortalecer los mecanismos de prevención y rescate de personas vulnerables resulta un paso impostergable y necesario. Poner la temática en el centro del debate público, con una propuesta concreta, y a todas luces viable, es un acierto de Jorge Villegas.
«Nosotros esperamos que este proyecto sea tratado con prioridad dentro del Congreso Nacional, dada la urgencia que existe en esta materia, y lo vemos como una herramienta importante en estos momentos donde estamos renovando los mecanismos de seguridad nacional», concluye el legislador.
