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La paridad de género es un sueño por materializar por varios sectores del país que presionan al establishment político para que los partidos estén obligados por ley a estructurar sus boletas electorales mitad a mitad: 50 por ciento hombres y el resto de mujeres. Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) abrazó esta idea desde su juramentación en el organismo y ha sido persistente en sus planteamientos sobre la necesidad de que las mujeres compitan en igualdad de condiciones –en cantidad, por lo menos– en las contiendas para elegir a las diputaciones, senadurías, regidurías y alcaldías.
Este es uno de los puntos neurálgicos incluido en el informe de las recomendaciones que propuso la JCE en el proyecto de ley que estudia la Comisión Especial del Senado, como parte de los debates y estudios a que están sometidas las polémicas leyes del Régimen Electoral y la de Partidos, agrupaciones y movimientos políticos, legislaciones que desde su concepción en poco más de cuatro años, mantienen al liderazgo político enfrascado en discusiones, conflictos y enfrentamientos interminables. Pero esa es harina de otro costal.
La paridad de género muestra conquistas apreciables en los últimos años. La legislación vigente, en su artículo 136, establece que las nominaciones y propuestas de las candidaturas a las diputaciones, las regidurías y sus vocales deben conformar las boletas por una integración del 40% de mujeres y no más del 60 por ciento de hombres. Estos valores deben prevalecer en el universo de las candidaturas a nivel nacional. Ricardo de los Santos, presidente de la Comisión Especial del Senado, se quejó de la gran cantidad de modificaciones e inclusiones que se aplicaron a ambas leyes, y propuso en una sesión de la cámara alta, que es más conveniente redactar proyectos nuevos a tener que cambiar las piezas existentes.
La comisión del Senado, tijera en mano, empezó a eliminar artículos del proyecto consensuado en las reuniones de estudio en el Consejo Económico y Social (CES). Uno de los párrafos afectados fue precisamente el de la paridad de género. En teoría, el 50-50 es una aspiración del idealismo electoral en un país con una población donde las mujeres superan ligeramente la cantidad de hombres. En la práctica, los partidos políticos –la gran mayoría– confronta dificultades para conformar boletas cumpliendo con esa disposición, debido a que sino hay candidatas, no pueden obligar a que se postulen, aún si quisieran.
Por decisión personal, con determinación, talento y disposición, la mujer viene rompiendo fuente en todos los renglones del aparato productivo y profesional del país. Sus conquistas, el espacio ganado incluso en los partidos políticos, nada tiene que ver con la paridad de género que establece la ley vigente. Llevar una boleta en una demarcación con seis diputaciones –mitad a mitad en igualdad de género– no garantiza que ganarían tres diputadas y tres diputados. Al final, dependerá de las mujeres hacia dónde direccionan sus aspiraciones. Está demostrado que en la práctica ellas tienen en sus manos el poder de subir tan alto como se lo propongan.
