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En el año 1997 el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley 66-97 de Educación. Esa ley asigna al menos un 4% anual del producto interno bruto al sistema de educación primaria y secundaria en República Dominicana. Esta disposición legal comenzó a ejecutarse en el año 2013 bajo el gobierno de Danilo Medina. Ha habido logros. Insuficientes.
Se olvidó que el aumento del presupuesto de educación debía beneficiar principalmente a los estudiantes y no principalmente a los maestros, empleados y suplidores del sistema educativo. Los maestros no olvidaron exigir y el Estado no olvidó aprobar un copioso aumento de sueldo que, según los últimos aires de críticas y amagos de protestas, ya se siente encogido.
Los comerciantes no olvidaron concursar para suplir la comida escolar con casos de intoxicación disparando alarmas. Se olvidó crear cooperativas de padres y madres de los estudiantes para proveer los alimentos en sus escuelas, lo cual dinamizaría las economías locales, empoderaría a las comunidades y favorecería la solidaridad.
Se olvidó iniciar un programa de transporte escolar, y eso es urgente: tal vez no se crea, si no se ve, que miles de estudiantes caminan enormes distancias cada día para llegar a la escuela. Se construyeron muchas escuelas y se olvidó construir muchas más para acercárselas a los estudiantes.
Se olvidó iniciar un sistema de bibliotecas escolares con pasantías remuneradas de alumnos bajo la dirección de bibliotecarios, así como introducir muchos libros, fomentar la lectura y crear los préstamos de libros a domicilio. Se olvidó abrir más laboratorios de ciencias y de informática, y agregar laboratorios de negocios, idiomas y otras áreas fundamentales de estos tiempos.
Se ha intentado que los maestros se especialicen y se olvidó crear un programa intensivo de especialización que permita a República Dominicana escalar en los indicadores internacionales de medición de la calidad educativa.
Las tandas extendidas no llegan a todos los estudiantes, y allí donde han llegado, ¿para qué han servido? El éxito de esos seminternados debería evaluarse por unos resultados que no se han visto en términos de unos alumnados provistos de capacidades que los motiven a integrarse en la educación superior y que les faciliten trabajar, practicar deportes y hasta dominar un segundo idioma como producto de las horas de estudio aprovechadas durante las tandas extendidas.
Se olvidó crear jardines de infancia como los que existen en países desarrollados para potenciar la calidad y el alcance de la educación.
Tal vez el mayor olvido ha sido aplicar correctamente el artículo 197 de la Ley 66-97 de Educación. El 4% del producto interno bruto es el mínimo que debe invertirse en educación cada año. O bien debe invertirse el 16% del gasto público correspondiente al mismo período. La cantidad que sea mayor de las dos. Ignoro si alguien recuerda hacer cada año la comparación entre el gasto público y el producto interno bruto para saber cuál es la partida que debe asignarse a la educación. Además, la ley ordena que los valores que se van a invertir en educación deben ajustarse en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, independientemente del incremento de dichos valores en función del incremento del gasto público o del producto interno bruto, cualquiera de los dos que sea aplicable.
A pesar de tantos olvidos y debido a ellos, el gobierno recordó que quizá debía reducir el presupuesto de educación del próximo año. ¿Para qué tanto dinero que quizá no se está aprovechando de manera óptima? Aunque las críticas le aconsejaron un cambio de opinión, su intento es un mal precedente.
