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Gonzalo Castillo se convirtió en el primer candidato presidencial acusado y que guarda prisión domiciliaria por supuestamente recibir fondos económicos públicos de un esquema mafioso en la era democrática post la muerte de Rafael Trujillo.
Después del heroico 30 de mayo han pasado decenas de procesos electorales presidenciales y nadie había caído preso por recibir fondos públicos o privados de dudosa reputación. Y siempre se ha denunciado el uso de los recursos del Estado para comprar favores electorales en esta larga y muchas veces traumática transición.
Después de «un colosal fraude», documentado por el periodista Juan Bolívar Díaz, hubo la necesidad de firmar un acuerdo a favor de la democracia y la institucionalidad del sistema político-partidario-electoral.
Ese fraude ocurrió en las elecciones de 1994 en perjuicio del candidato más popular de entonces, José Francisco Peña Gómez. Se denunció que un equipo de hacker venezolanos había ingresado al país, en la víspera, del proceso electoral, para provocar un desorden en el padrón electoral. Y sucedió que a las diez de la mañana del 16 de agosto de 1994, José Francisco Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogaert, comenzaron a denunciar un dislocamiento de votantes.
Recuerdo que muchos electores fueron cambiados de mesas. Gente que votaba en la Escuela Chile de San Carlos aparecieron en unos colegios electorales en Pedernales. Esa situación provocó que Peña Gómez denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que había sido objeto de un fraude electoral. Su denuncia recorrió el mundo pero la Junta Central Electoral hizo caso omiso y proclamó al doctor Joaquín Balaguer como el ganador de las elecciones.
Esa decisión paralizó el país por casi tres meses, todo el periodo de transición. El chamán de Balaguer, un viejo zorro de la política, ofreció a Peña Gómez un periodo gubernamental «compartido». Los dos primeros años gobernaría el líder reformista y el resto del periodo constitucional, Peña Gómez.
De esa crisis política es que nace el denominado Pacto por la Democracia, que establecía: recortar a dos años periodo gubernamental, lista de concurrentes, colegios cerrados y obtener más del 50% de los votos válidos emitidos para ganar en primera vuelta. De lo contrario, 30 días después, una segunda vuelta en el plano presidencial.
El dato más importante de esa primera ola de reforma electoral: el Estado financiaría las actividades de los partidos políticos en años electorales y no electorales. Se pensó que ese punto sería la mayor conquista para evitar el uso indiscriminado de los recursos públicos en las campañas electorales. Jaque Mate: es una asignatura pendiente del «gobierno transparente» no reproducir esa mala práctica, corrupta y anti democrática. Siempre recuerdo al tío, doctor Miguel Ángel Monclús que afirmaba que el principal problema de la República Dominicana es la falta de un régimen de consecuencias.
Postdata: Dicen que un recaudador oficialista tiene varios apartamentos y almacenes llenos de dinero efectivo para el proceso electoral que se avecina.
