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El contenido denso del caso Medusa explotó. El expediente no se hizo esperar para ser enviado por todas las vías de comunicación posible. Un terrible caso de corrupción, sobornos, extorsión y desfalco del Estado conforme a la construcción de La Nueva Victoria bajo al «Plan de Humanización» del sistema penitenciario dominicano. Organizado y ejecutado por el ex procurador de la República, Jean Alain y colaboradores de la pasada Procuraduría de la nación.
Hablamos de maniobras fraudulentas realizadas por la estructura criminal para manipular las licitaciones requeridas para la construcción de esa nueva cárcel «modelo», según consta en el expediente de 12 mil páginas del Ministerio Público. Un trabajo encomiable por la oficina de persecución de la corrupción administrativa, PEPCA, dirigida por Wilson Camacho y Yeni Berenice.
En dicho expediente, no solamente figuran acusaciones relacionadas con la construcción de la La Nueva Victoria, que a la sazón se encuentra abandonada y que desde sus inicios llamó a suspicacia por el terreno pantanoso sobre la cual se edificó. En la acusación también figuran otras construcciones de recintos penitenciarios en distintas zonas del país donde tampoco se acometieron las obras. Además, de falsificación de documentos, borrado del sistema interno de la procuraduría, destrucción masiva de documentos sobre compras y contrataciones, mal manejo de bienes incautados durante los años de ejercicio de Jean Alain, asociación de malhechores, sobornos, extorsión, manipulación de licitaciones y un largo etcétera.
Una de las bombas periodísticas contenidas en el expediente es la participación de empresas de «intachable» prestigio, de familias adineradas, empresarios envueltos e incluso la imputación del hijo del ministro de la Presidencia del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Lisandro José Macarrulla bajo la empresa Mac Constructora, que pagó 17 millones de pesos en sobornos para poder estar involucrado en la construcción del centro correccional La Nueva Victoria. Dicha imputación obligó luego de la presión mediática de redes, a que Lisandro Macarrulla, padre, solicitara una licencia de sus funciones. También cita dicho expediente al propio Lisandro Macarrulla Tavares de que habría pactado con el ex Procurador la entrega de un 20% del monto total del lote 5 del centro correccional.
El tan necesario «Plan de humanización» que urge realizar en el país para adecentar el sistema carcelario dominicano fue todo menos «humano». Utilizado como una plataforma para el enriquecimiento ilícito, pago de sobornos, desfalco y lavado de activos. Y si a eso añadimos las demás operaciones ejecutadas por los pasados gobiernos del PLD: casos Pulpo, Coral I y Coral II y Medusa, más todos los daños colaterales que arrastran estos tsunamis de corruptela, la sociedad dominicana está presenciando una corrupción descomunal de inmensas dimensiones y tentáculos.
En ese sentido, no hace falta ser un genio para saber que el destape de las entrañas y acusaciones del caso Medusa, era lo menos que el gobierno de Luis Abinader deseaba y esperaba bajo un Ministerio Público «independiente» nombrado por él. Un gobierno en la actualidad altamente cuestionado por el alza de artículos de la canasta familiar, la tarifa de la luz eléctrica y ciertas campañas de corrupción como sucede con el funcionario y amigo del Presidente, Neney Cabrera, quien dirige la Dirección general de Proyectos Estratégicos y Especiales y el tema de las pinturas. Sabemos que el alza de los precios, inflación y ciertos factores económicos que nos afectan va más allá de nuestras fronteras. Es un asunto global. Lisandro Macarrulla también es amigo del Presidente, y dado el resultado de la imputación de su hijo, y su decisión, al parecer como dicen algunos «el presidente tienen amigos, pero no cómplices».
Luego de leer una parte del expediente, escuchar a periodistas, hacedores de opinión, abogados expertos en estos casos, uno se pregunta: ¿Dónde estaban las autoridades, el Presidente de turno? ¿Será que nadie observó nada o callaron? El expediente acusatorio del caso Medusa es una dura realidad para el país y sus involucrados. Ahora le toca al PEPCA probar cada párrafo del mismo.
