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El día 16 de agosto del año 2004, al asumir por segunda vez el mandato presidencial en República Dominicana, Leonel Fernández Reyna designó jefe de la Policía a Manuel de Jesús Pérez Sánchez.
Con esa designación se daba el último paso para preparar la reforma policial. Era un momento oportuno. Hacía años que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) venía promoviendo una reforma integral de la justicia procesal penal en el país y había convencido al Estado de la necesidad de esa reforma, que formaba parte de una ola de reformas del proceso penal en Latinoamérica.
Siete meses antes, en enero del año 2004, había sido aprobada una ley de la Policía que dispone que el policía acusado de delinquir sea juzgado por los tribunales ordinarios y no por tribunales policiales como se acostumbraba. Ese cambio legislativo, que reafirmaba las disposiciones del Código Procesal Penal vigente a partir de ese mes de enero, marcó un hito y entreabrió las puertas de un cambio mayor.
Se consideraba a Pérez Sánchez un defensor de los derechos humanos y era cercano a la Finjus, organización de la sociedad civil que no solo proponía reformar el proceso penal, sino también otras instituciones del ordenamiento jurídico, incluyendo una reforma policial que esa organización venía presentando a los mandos policiales con aparente éxito. Al parecer, la Policía estaba entusiasmada y entendía la necesidad de la reforma. Entonces, cuando todo estaba listo para reformar la Policía, no pasó nada.
Cuando la Policía comete un crimen se reinicia el debate en torno a su reforma que se queda en diagnósticos, recomendaciones y manuales que plantean lo que debe hacerse y no se hace. En el año 2020 un 68 por ciento de la población dominicana desconfiaba de la Policía, según el estudio Latinobarómetro. El fracaso de la reforma no es exclusivo de República Dominicana; el asunto tiene más sombras que luces en América Latina.
Desde su selección, los policías son sometidos a entrenamientos de corte militar y doctrinas de seguridad nacional que ven a los ciudadanos como potenciales amenazas a pesar de que los excesos derivados de esa mentalidad no disminuyen la criminalidad. Es frecuente la inercia y la resistencia al cambio dentro de la Policía proveniente en especial de la cúpula. El cuerpo de Policía es ineficiente en la prevención, actúa con demasiada discrecionalidad, tiene controles internos cuestionables y carece de controles externos. Muchos de sus miembros mantienen vínculos con la delincuencia o son delincuentes o personas peligrosas.
Hace falta un compromiso de Estado en la transformación jurídico-institucional de la Policía que pase por el consenso de los partidos políticos, la renovación normativa en el Congreso, la ejecución de políticas públicas a cargo del Ejecutivo y la sanción de las anomalías por parte del Poder Judicial.
Hace falta mayor profesionalización, un cambio de mentalidad en los policías ante las necesidades de los ciudadanos: que respeten la ley y los derechos humanos e implementen la transparencia y la rendición de cuentas.
Es necesario fortalecer el control externo de la Policía y la independencia de sus órganos internos de investigación de denuncias contra sus miembros. La formación profesional debería convertirse en una carrera policial obligatoria con carácter democrático. El reclutamiento del personal policial tiene que ser más exigente y con prestaciones salariales más atractivas. Es necesario reforzar el papel detectivesco de la Policía y lograr que implemente más estrategias preventivas en vez de las tradicionales acciones reactivas. Se necesita impulsar los vínculos policía-comunidad. La reforma puede hacerse por etapas, pero debe ser integral.
