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La presentación de expedientes acusatorios por presunta corrupción administrativa, sustentados en base legal a lo que constituyó un tinglado mafioso contra los bienes del Estado, es una evidencia palpable de la fortaleza de las acusaciones del Ministerio Público contra exfuncionarios de pasados gobiernos. Dichas acusaciones han provocado la previsible defensa de los afectados, quienes reducen las actuaciones del Ministerio Público a decir que todo es parte de una plataforma para aspiraciones releccionistas del presidente, un circo mediático, persecución política y hasta burlarse del blindaje de los expedientes.
La lucha contra la corrupción administrativa constituye un hecho trascendental porque marca un hito en el país, indicando su avance en esa materia, sobre la base de una gran labor del Ministerio Público, que pretende acabar definitivamente con la impunidad que durante décadas ha lacerado la sociedad. Y es, además, un espejo para quienes están al frente del Estado mantengan una gestión ética y eviten sufrir consecuencias similares.
Las acciones y resultados de las decisiones de los jueces y tribunales demuestran el antes y después de la justicia. No libertad pura y simple como ocurría en el pasado con fabricación de expedientes mal instrumentados que servían para hacer círculo mediático y timar la justicia.
El trabajo del Ministerio Público esta dando sus frutos, sus resultados no se ven como una quimera. El país vive una nueva etapa política, donde la ciudadanía demanda de sus gobernantes mayor transparencia en el manejo del dinero que los contribuyentes ponen en manos de quienes dirigen la administración pública.
Por décadas reinó la impunidad y los acuerdos de aposentos entre políticos, procurando que ningún «poderoso» pague por sus delitos, pero ya llegó la hora de que esta sociedad ajuste cuentas, que comience a curar las heridas de lo mal hecho y no permita que estos «poderosos» jueguen con su inteligencia.
A pesar de las críticas al proceso, paso a presentar el estatus de los casos de corrupción abiertos por la presente administración.
–Operación Antipulpo. El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, apoderado del caso, envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente. El proceso por corrupción se sigue contra Alexis y Magalys Medina, así como otras 27 personas físicas y 21 compañías. Francisco Pagán, Julián Suriel, Lewin Castillo y Domingo Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, siendo estos condenados, además de que producto de los acuerdos el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes. Los hermanos medinas y otros implicados están guardando prisión domiciliaria.
–Caso Coral y Coral 5G. Las conclusiones de la fase preliminar fueron expuestas por el órgano persecutor ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas. El Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos. El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Además del mayor general Cáceres Silvestre, entre los imputados figuran Rossy Guzmán, Tanner Flete, Rafael Núñez de Aza y Alejandro José Montero Cruz.
–Caso Caracol. Indagación realizada a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público allanó la sede de esa entidad, investigación que incluye sus directivos y varios funcionarios, por diferentes delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos. El caso está en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Raymundo Mejía, no hay constancia de instancia depositada por el Ministerio Público en contra los encartados, no se han presentado medidas de coerción ni acusación.
–Operación 13. Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Katherine Rubio condenaron a ocho de diez imputados por corrupción administrativa en el fraude a la Lotería Nacional por más de RD$500 millones. Los liberados por insuficiencias de pruebas fueron Luis Dicent y Edison Peralta, el Ministerio Público apelará parcialmente en relación a las dos personas que han sido descargadas.
–Operación Medusa. El órgano acusador está listo para presentar su acusación de la Operación Medusa, cuya audiencia preliminar fue aplazada la madrugada de este sábado para el próximo 28 de abril. El proceso se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez, Javier Forteza, Jonathan Rodríguez y Alfredo Solano.
Tratar de vender la idea de que los casos de corrupción ventilados en tribunales son circo mediático o persecución política, es decir que los hechos no se han tratado con apego al debido proceso y que las expectativas no se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, cumpliendo con el consagrado deber de hacer justicia sin importar bandos políticas, chantajes o presiones ilegítimas, amparadas en el poder sustentado o dinero de grupos y personas acumulado-en algunos casos- o sustraídos de los recursos de este pueblo.
El pueblo debe constituirse en vigilante de la justicia, la cual está llamada a ser ciega y a no imitar ni a apañar la podredumbre que tiene que enfrentar.
